Decepción e indignación en la comarca del Llevant. La renuncia definitiva del Govern a la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria Manacor-Artà ha encendido los ánimos de los alcaldes de Artà, Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera así como de los miembros de la plataforma en defensa del tren del Llevant y algunas formaciones políticas.
Todos los afectados coincidieron ayer en señalar el «menosprecio» institucional ante una «decisión unilateral» del Govern tomada a «espaldas de los ciudadanos», que además supone «graves perjuicios» para toda la comarca.
El consell de Govern de este pasado viernes acordó iniciar el expediente de resolución de los contractos de las obras del proyecto de construcción del tren Manacor-Artà. Justifican que «este acuerdo es necesario una vez ha transcurrido el plazo de suspensión temporal de las obras, que acabó en octubre de 2012».
El Govern defiende que la suspensión definitiva de estos contratos «está fundamentada en los informes previos de Serveis Ferroviaris, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori y en el de la abogacía de la Comunitat Autònoma».
Los alcaldes señalaron en que esta decisión era un «agravio comparativo» y que suponía «una nueva discriminación para una comarca olvidada».
Además también hicieron referencia a los perjuicios que supondrá para los ciudadanos del Llevant al no poder contar con «una buena red de transporte público que garantice las mismas opciones para todos los ciudadanos de la Isla».
Asimismo, mostraron su preocupación ante una serie de interrogantes que quedan por aclarar como es el caso de como quedarán las obras a medio construir.
Reunión
Desde la plataforma mostraron su decepción y afirmaron que «el desastre se ha consumado». Añadían que «no entendemos nada. No ha habido voluntad política».
Está previsto que mañana haya una reunión en el teatro municipal de Artà con los miembros de la plataforma así como los alcaldes afectados para analizar la resolución y decidir si se harán movilizaciones.
Por su parte, el conseller Gabriel Company declaró ayer que «se ha renunciado a una infraestructura que económicamente era inviable. La prioridad es liquidar cuentas con empresas y constructores y pagar expropiaciones» y explicó que se busca un uso a los 30 km contruidos que podrían pasar a ser un corredor verde.