Prosigue la tensión entre la Entidad Local Menor (ELM) de Palmanyola y el Ajuntament de Bunyola. Tras unos meses de cierta calma, el responsable de la primera institución, el pedáneo Ramón Oliver (PP), acusa al presidente de la segunda, el alcalde Jaume Isern (PP), de «quitar» 50.000 euros a la ELM para acatar la sentencia judicial que obliga al Consistorio a pagar una multa por la expropiación de unos terrenos efectuada a mediados de la década de los 80.
Según Oliver, el Ajuntament de Bunyola se ha visto obligado a realizar una modificación de crédito para hacer frente a la sanción -de casi un millón de euros a satisfacer en cinco años- que ha tenido consecuencias sobre el presupuesto municipal y, en consecuencia, sobre las cuentas de la ELM con una rebaja de 50.000 euros.
Pese a que se trata del mismo municipio, Oliver considera injusto que Palmanyola tenga que verse perjudicada por una medida errónea adoptada en su día por el Ajuntament de Bunyola. El pedaneo asegura que alegará contra la decisión del Consistorio, al considerar que la reducción del presupuesto de la ELM dejará «tocados» los servicios que dispensa la entidad que dirige.
Desde el equipo de gobierno bunyolí sostienen que la rebaja aplicada a las cuentas de la ELM no tiene nada que ver con la ejecución de la sentencia sino con el «manirrotismo» de Oliver.
Estas mismas fuentes apuntan que el recorte obedece al plan de ajuste aplicado a todas las áreas municipales y al hecho de que será ahora el Ajuntament quien se haga cargo del pago de los servicios y suministros básicos de la ELM, ya que, según denuncian, el pedaneo destina los fondos que recibe del Consistorio a otros menesteres y eso ha obligado en varias ocasiones al Ajuntament ha hacer frente a los impagos en los recibos de la luz por parte de la Entidad Local Menor.