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Sóller

Los hoteleros de Sóller rechazan las tarifas de agua y piden que se revoque la concesión

PORT DE SOLLER. OBRAS. LOS COMERCIANTES DEL PORT DE SOLLER NO QUIEREN QUE LAS OBRAS DEL PASEO MARITIMO SE INTERRUMPAN EN PASCUA. | Lluc Garcia

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La Asociación Hotelera de Sóller ha presentado una reclamación ante el Ajuntament en la que denuncia que en las nuevas tarifas del agua potable, aprobadas por el Pleno el pasado mes de febrero, «la empresa concesionaria refleja una serie de gastos y conceptos que no pueden repercutir en el usuario final del servicio sino que, según el pliego de cláusulas de la concesión administrativa deben ser asumidas por el concesionario».

Los hoteleros ya alegaron contra la anterior actualización de las tarifas de agua potable por considerarse «muy perjudicados». En esta ocasión consideran que el Ajuntament «deberá proceder a reducir el total de costes no repercutibles en las tarifas que en total ascienden a 515.307 euros, según sus cálculos. También consideran que el aumento del 3,3 por ciento que se aplica, correspondiente al IPC «supera el IPC nacional y que también deberá reducirse».

Pero la asociación hotelera va aún más lejos al solicitar al Ajuntament de Sóller que «revise de oficio el contrato con la adjudicataria del servicio de aguas y que, en consecuencia, «declare nulo el contrato y reinicie el proceso de nuevo». Según el escrito dirigido al Ajuntament, firmado por el presidente de los hoteleros de Sóller, Lluís Rullan, al que ha tenido acceso este diario, algunos de los gastos que la empresa refleja en las tarifas del agua hacen referencia al personal del contratista, mantenimiento, conservación de instalaciones, costes de vehículos e incluso gastos generales y amortizaciones. Por parte del Ajuntament el alcalde, Carlos Simarro, ha mostrado reservas ante esta alegación y se ha limitado a informar que «será convenientemente revisada y contestada por los servicios jurídicos y técnicos».

Hay que recordar que, además, existe una sentencia judicial que anula la concesión a Aqualia, realizada en el año 2005 y que no finaliza hasta el 2030, aunque el TSJB anuló meses atrás esta sentencia por cuestiones formales.

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