La titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, María del Carmen González, comunicó ayer a los querellados por los contratos investigados en Radio Calvià –Carlos Delgado, Manuel Onieva, María José Merino, Antonia Pastrana y Fernando López– que se personen en la causa con abogado y procurador.
En su resolución, la magistrada ordena al secretario del juzgado que inicie el desprecintado de las cajas intervenidas durante el registro judicial realizado el pasado sábado en el Ajuntament de Calvià. Los delitos atribuidos a los querellados son prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos
En un auto previo, la jueza, tras admitir a trámite la querella presentada por el grupo municipal del PSOE en Calvià, señala que «de la querella y documental presentada resulta la existencia de hechos que preliminarmente pudieran ser delictivos, especialmente por haberse vulnerado de forma ostentosa las normas de procedimiento administrativo para adjudicar la contratación a determinadas personas».
Sospechas racionales
Y añade: «Resultan pues sospechas racionales de que en la preparación y desarrollo de los contratos se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito, los hechos presentan características que permiten suponer la posible existencia de delitos de malversación, fraude y prevaricación.
Admite, asimismo, que todo ello «sin perjuicio de la calificación que ulteriormente procediere y del derecho a la presunción de inocencia de los querellados reconocida en el artículo 24 de la Constitución».
Según la querella, firmada por el abogado Pablo Alonso de Caso, la conducta del exalcalde de Calviá Carlos Delgado, el actual primer edil del municipio, Manuel Onieva, la exresponsable de Comunicación del Ajuntament María José Merino, la exadjudicataria del servicio de Radio Municipal de Calvià Antonia Pastrana, y Fernando López, actual adjudicatario del Servicio Municipal de Radio Calvià, «implica una defraudación clamorosa y continuada a la hacienda local, así como abuso de derecho y el ejercicio antisocial del mismo». El querellante cifra en 1,4 millones de euros el importe de lo supuestamente defraudado en los contratos investigados.
Defensa
Por otra parte, Carlos Delgado encargó ayer su defensa al abogado Antoni Monserrat, hijo del vocal mallorquín del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del mismo nombre. Monserrat hijo acudió ayer a personarse al juzgado.