El Tribunal Superior de Justicia rechaza que el Govern tenga que indemnizar con 8,1 millones de euros a la propietaria de la finca de sa Canova por la protección de la zona por una ley de 1999.
La empresa Kommanditgesellschaft Dwi Grudbesitz España había comprado la finca en los años noventa y quería construir en ella. Sin embargo, una ley lo impidió. En aquel momento la empresa ya reclamó por la cantidad que había dejado de ganar en operación urbanística y el Govern le abonó algo más de tres millones y medio de euros.
Más de una década después la empresa vuelve a la carga y reclama contra el Govern, en este caso por los intereses del préstamo que solicitó para adquirir la finca. Si bien en un primer momento reclamó 8,1 millones durante el juicio rebajó esta cantidad a 3,6 millones de euros.
El TSJB señala ahora que se produjo un único perjuicio a la compañía y que, por lo tanto no ha lugar a que se pague por estos gastos financieros que debió haber reclamado antes.