La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dado un plazo de tres días al alcalde de la localidad mallorquina de Campos, Sebastián Sagreras, para que explique la responsabilidad que tiene en que aún no haya cumplido el Auto de 13 de noviembre de 2012, que obligaba al Ayuntamiento a justificar antes del 15 de enero que existía ya el compromiso adquirido con terceros para que estos pudieran ejecutar la sentencia, que obliga a esta institución a demoler las casas de Ses Covetes y reponer los terrenos a su estado anterior.
En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que el 15 de enero, el Ayuntamiento de Campos tenía que haber justificado ante el Tribunal la existencia del compromiso de derribar las viviendas.
Así, indica que el Ayuntamiento «no expresó duda alguna al respecto, ni tras el Auto de 13 de noviembre de 2012 y ni siquiera después de que el 3 de enero se le notificase la providencia del día anterior en la que se le reiteraba la obligación impuesta en el citado Auto».
Además, añade que «no debe olvidarse que el Consistorio tampoco ha recurrido la providencia del 2 de enero de 2013».
«Como es natural, si las obras deben iniciarse antes del 15 de marzo de 2013, eso no sólo quiere decir que bien pudiese ser que de haberse hecho ya lo que se tenía que haber hecho y aún no se ha hecho, tales obras se iniciasen ahora mismo ya, sino que también quiere decir que para que se puedan iniciar antes de esa fecha tope de 15 de marzo de 2013, es preciso que los compromisos a los que nos hemos referido hubieran sido ya adquiridos tiempo antes», señala la Providencia.
En esta línea, recuerda que para llevar a cabo la demolición de las viviendas, son precisas «diversas programaciones previas al inicio material de las obras, como por ejemplo, en cuanto a traslado de maquinaria o asentamiento de trabajadores en la zona».
De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB indica que llegados a este punto y visto el «deficitario» estado del curso de la ejecución de la sentencia, se da un plazo de tres días al alcalde de Campos para que presente alegaciones sobre su posible responsabilidad, «lo que tendrá que ser previa comparecencia en las actuaciones con procurador y abogado».
En caso de que no lo haga, se le advierte de que se le podrá imponer multas de 150.000 euros y se le reiterarán éstas hasta la completa ejecución de la sentencia, que le obliga a demoler las viviendas de Ses Covetes.
Además, reclama al Consistorio de Campos que acredita ante el Tribunal a la «mayor brevedad posible» la existencia de todos los contratos o compromisos precisos para la demolición y restauración pendientes y, en todo caso, esa acreditación deberá presentarse en el registro del Tribunal antes del 25 de febrero de 2013.
Ante esta Providencia, el Ayuntamiento de Campos puede interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días.