La Delegación del Gobierno ha enviado una carta al Ajuntament de Santa Margalida en la que le da un plazo de 20 días para acreditar que ha hecho efectiva la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a su personal en cumplimiento del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas anticrisis. Le advierte de que las autoridades y funcionarios que incumplan la medida se exponen a consecuencias penales.
La misiva a puesto en pie de guerra al alcalde de Santa Margalida, Miquel Cifre (Suma pel Canvi), quien había manifestado reiteradamente su disconformidad con el real decreto. Ayer le remitió una carta a la Delegación del Gobierno en la que le reprocha su «control centralista, excesivo y abusivo, propio de otros tiempos».
Control
«¿La Administración general del Estado se dedica a supervisar al resto de administraciones? Creíamos, hasta ahora, que el control de la legalidad de las actuaciones era competencia del Poder Judicial, no del Ejecutivo», dice en su misiva el alcalde Cifre quien confirmó ayer que su equipo no abonará «muy a su pesar» las pagas extras.
«Hemos de recordar que este Ajuntament no está legitimado para impugnar este real decreto ley y la única posibilidad de que los tribunales puedan analizar su contenido por su eventual incumplimiento», dice Cifre que denuncia «el carácter «ofensivo y extralimitado» del requerimiento».