La regidora de Salud del Ajuntament de sa Pobla, Catalina Maria Olmo (PP), se negó el jueves por la noche a abandonar el PAC de sa Pobla, tal y como le solicitaba la enfermera de guardia para poder atender una urgencia domiciliaria del 061. La mujer, de 78 años y con un dolor abdominal, tuvo que esperar casi una hora para ser atendida en su domicilio antes de ser derivada al hospital de Inca para un mayor estudio.
El caso terminará en los juzgados y es que la enfermera (que llamó a la Guardia Civil ante la negativa de la regidora a desalojar), ultima una denuncia contra la concejala y otra contra la Benemérita que no quiso desalojarla por tratarse de un edificio público. Por su parte, la regidora de Salut de sa Pobla, Catalina Olmo, interpuso ayer por la mañana una denuncia ante la Guardia Civil contra la enfermera por negarle atención a su hijo. «La he denunciado porque ella me ha denunciado a mí y porque me lo recomendó el coordinador médico del propio centro de salud», manifestó.
Investigación
La gerencia del IB-Salut ha abierto una investigación para tratar de aclarar lo ocurrido. Revisarán las grabaciones telefónicas del 061 y recabarán los testimonios, pero niegan cualquier trato de favor a la regidora que según la versión de la enfermera le habría amenazado con utilizar su cargo político para hacerle perder el trabajo, cuestión que esta niega.
Fuentes del IB-Salut aseguran que «un paciente se niegue a salir del centro y esperar fuera para atender una urgencia es algo que no había pasado hasta ahora, una excepción de la excepción, normalmente la gente se enfada pero lo entiende y sale».
El protocolo marca que en el caso de que mientras se realiza una consulta programada se produzca una emergencia en un domicilio el médico debe cerrar el PAC y priorizar el domicilio. En el caso de que lo que esté atendiendo en el PAC sea también una emergencia queda en manos del facultativo decidir quién tiene prioridad.
En el caso de sa Pobla, la regidora acudía al centro de salud con una visita programada (no urgente) para ponerle una mascarilla a su hijo, algo que venía haciendo desde hace quince días por la mañana y por la noche. Aunque oficialmente el horario de mascarillas por las tardes es de 19.00 a 20.00 horas y la regidora llegó pasadas las 20.30 horas, le dieron la opción de esperar fuera a que regresaran del domicilio.
El IB-Salut informó ayer de que la llamada del 061 «no era una emergencia sino una visita médica y fue por ese motivo por el que al final se atendió al hijo de la regidora antes que el domicilio, en ningún caso porque era la regidora». En el mismo sentido se manifestó la concejala.
El Colegio de Enfermería ha puesto sus servicios jurídicos en manos de su colegiada a la vez que denuncia que «con independencia de saber quién debía tener o no prioridad, cuestión que se tendrá que aclarar, lo que no se puede tolerar es que se amenace o coaccione a una colegiada por hacer su trabajo».
La presidenta del Colegio de Enfermería, Rosa Maria Hernández, asegura que «según nos han explicado nuestros servicios jurídicos en esta situación la Guardia Civil no es la autoridad competente, sino que la autoridad es el profesional sanitario (en este caso la enfermera) de modo que la Guardia Civil tenía que desalojar como le pedía la profesional o bien hacer el soporte o misión (quedarse en el PAC con la paciente que se negaba a esperar fuera, por ejemplo) pero nunca obstaculizar al sanitario».