La coalición PSM-IV-ExM ha formalizado este miércoles la demanda judicial contra el acuerdo del pleno del Consell de Mallorca por el que se incrementaron las hectáreas de crecimiento del municipio de Campos, a través de «una corrección de errores que en realidad solo pretendía permitir la construcción del macro-hotel en sa Ràpita» por lo que han asegurado que prosiguen su «lucha judicial».
Los consellers insulares de la coalición han presentado el documento de demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) para continuar con el procedimiento iniciado con la presentación del recurso contencioso contra esta decisión del pleno de la institución insular.
El PSM-IV-ExM ha anunciado además en un comunicado que ha iniciado la campaña 'Salvem sa Ràpita' en una página web, en la que explican la situación y reclaman la protección de este «espacio virgen amenazado», y con la que pretenden recaudar hasta 6.000 euros que destinarán a los costes del proceso judicial.
Indignados con Ses Fontanelles
Por su parte, el grupo de la coalición en el Ayuntamiento de Palma, se ha mostrado «indignado con el atentado medioambiental» que el PP pretende desarrollar en el humedal de Ses Fontanelles con la construcción de un centro comercial.
Después de que el Consistorio diera el visto bueno definitivo a la licencia de urbanismo, el PSM-IV-ExM ha señalado que con la «destrucción de este espacio natural» se pierde la oportunidad de ofrecer una «alternativa turística incomparable para una zona tan degradada como la Playa de Palma».
A esta destrucción, prosigue el comunicado, se debe sumar la «agresión» a la colonia de la planta endémica 'Limonium barceloi', una especie amenazada, ya que se estima que queda una población de entre 2.680 y 3.675 ejemplares en 302 metros cuadrados.
Por eso, el PSM-IV-ExM ha criticado que el Govern haya autorizado trasladar esta planta, un hecho que ha tildado de «auténtica perversión política», puesto que el desplazamiento no garantiza la supervivencia de «esta especie vegetal única».
Para la coalición, este proyecto representa la destrucción del patrimonio ambiental de la zona, así como una amenaza a la supervivencia de los comerciantes de la Playa de Palma, por lo que ha pedido al PP que paralice el proyecto y no se excuse en que no puede hacer frente a las elevadas indemnizaciones que supondría pararlo.
El PSM-IV-ExM ha apuntado en ese sentido que el TSJB sentenció en noviembre de 2011 que las promotoras del centro comercial no tienen derecho a ninguna indemnización.