El PSOE denunció ayer que el Ajuntament de Campos ha iniciado los trámites para que la zona de Ses Covetes vuelva a ser suelo urbano para así beneficiar al padre del alcalde, Sebastià Sagreras (PP), promotor de la urbanización. La secretaria general del PSOE y portavoz de esta formación en el Parlament, Francina Armengol, asegura que las nuevas normas subsidiarias que están en exposición pública convierten los terrenos de Ses Covetes en suelo urbano.
Con esta modificación, los socialistas afirman que el Ajuntament de Campos busca urbanizar de nuevo la zona una vez que se hayan demolido los polémicos apartamentos inacabados.
El gran negocio
«Si ahora se tiran los edificios y al promotor le declaran el terrenos suelo urbanos serían el gran negocio para el promotor, que además es el padre del alcalde», señaló la dirigente socialista. Los socialistas pedirán explicaciones en el Parlament al conseller de Territori para que explique si sospechas son ciertas.
También el PP se refirió ayer a los apartamentos de Ses Covetes, pero en su caso fue para denunciar que el Pacte «guardó en un cajón» la sentencia que le obligaba a demoler los apartamentos. Dijo que la decisión del Tribunal Superior de Justicia se tomó la pasada legislatura, cuando gobernaba el Pacte. Añadió que el Pacte hizo caso omiso de la sentencia por lo que calificó de «cínico» que los partidos de la oposición exijan ahora su cumplimiento de forma tan precipitada.
El PSM-IV-ExM, por su parte, confió en que los terrenos sobre los que se construyeron los apartamentos queden protegidos por la ley de costa, que obliga a proteger los primeros cien metros de coste en suelo no urbano. «La protección de cien metros de la Ley de Costas sigue vigente», dijo Biel Barceló.
Los partidos se refirieron además a otra sentencia, en este caso la que obliga al Govern a pagar una indemnización de 1,6 millones de euros al propietario de unos solares en Pollença que fueron desclasificados por el Pacte.
La portavoz del PP en el Parlament, Mabel Cabrer, aseguró que el Govern está buscando fórmulas para evitar el pago de los más de 700 millones de euros en reclamaciones urbanísticas. «El Pacte hizo cosas ilegales con una posición antieconómica y fundamentalista que está dejando hipotecada a la Comunitat», aseguró Cabrer.