«La sentencia del Vilà no ha de disuadir de desclasificar lugares sensibles sino invitar a una reflexión más profunda. El problema no es desclasificar sino dar la oportunidad de urbanizar». La portavoz del GOB, Margalida Ramis, reaccionaba así ayer a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Balears que condena a la Comunidad Autónoma a pagar 1,6 millones de euros al propietario de tres solares del Vilà que pasaron de ser suelo urbano a rústico con la aprobación de la Ley 4/2008.
«Pagar indemnizaciones es un mal precedente pero creemos que el resultado de esta sentencia no tiene porqué reproducirse en el resto de peticiones de indemnizaciones que se presentaron tras la aprobación de la ley», dice Ramis.
En el mismo sentido se manifestó ayer el portavoz del PSM de Pollença, Bartomeu Cifre Bennàssar que recuerda «el deber moral que tiene el director general d'Ordenació, Joan Mesquida, de defender el fondo de esta ley porque fue el técnico que la redactó».