El Ajuntament de Sencelles aprobó durante el pleno del pasado jueves por unanimidad iniciar los trámites para dar cumplimiento a la orden judicial que obliga al derribo de los cimientos de los cuatro chalets adosados que se empezaron a construir en el llogaret de Ruberts.
El alcalde de la localidad, Joan Carles Verd (CxI), indicó que «se notificará a la propiedad (la empresa promotora de la edificación) los plazos previstos para llevar a cabo la demolición del inicio de la construcción de las cuatro edificaciones. Si la empresa no ejecuta el derribo, el Ajuntament actuará de oficio».
Con el cumplimiento de la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso número 1 de Inca en el año 2010 también se lleva a cabo la nulidad de la licencia de obra y «se da cumplimiento a una cláusula del acuerdo entre el Ajuntament de Sencelles y los vecinos de Ruberts mediante el que se instó a recuperar el espacio para el pequeño pueblo», según Verd.
Normativa
Por lo que se refiere a los tres adosados que se terminaron de construir y que están habitados, el Ajuntament de Sencelles trabaja ahora en la modificación puntual de la normativa urbanística del pequeño núcleo de Ruberts que permita regularizar la situación de las tres viviendas. Aunque se dictaminó una orden judicial que obligaba a su derribo que se debía ejecutar antes del 1 de enero de 2013, el alcalde Verd recordó ayer que «la ejecución de la sentencia se archivó» y se llevan a cabo los trámites que permitan legalizar las viviendas.
La polémica con la construcción de los adosados en el llogaret de Ruberts se inició en los años 90, cuando el Ajuntament de Sencelles gobernado por el PP concedió la licencia de obra para la construcción de tres viviendas. En el año 2003, el Ajuntament concedió otra licencia para construir los cuatro adosados que ahora se derribarán.
La concesión de las dos licencias topó con la oposición de los vecinos del pequeño pueblo y del GOB que iniciaron una campaña en contra de la construcción de estas viviendas en el pequeño llogaret y denunciaron los hechos ante los tribunales. El juez les dio la razón en las dos denuncias.
No fue hasta este verano cuando los vecinos y el Ajuntament llegaron a un acuerdo mediante el que se estableció mantener los tres adosados que ya están habitados y derribar los cimientos de los cuatro chalets proyectados.