El alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), se responsabilizó ayer de la colocación de la videocámara «espía», camuflada en un cajetín eléctrico del párking dels Estiradors, dispositivo «descubierto» días atrás por el colectivo Albaïna que lo desactivó y desmontó, denunciándolo a continuación ante el juzgado de guardia.
Después de quince días de absoluto mutismo ayer el alcalde admitió que «ante las graves pérdidas económicas ocasionadas por los actos vandálicos contra la ORA (unos 60.000 euros), el incendio de mi coche particular y el hecho de que los atacantes actuaran de noche, el Ajuntament puso en marcha un complejo plan de investigación de carácter secreto y reservado para identificar a los autores y detener la ola de atentados».
Cámara
Simarro señaló que «este plan de investigación incluía, entre otras actuaciones, la instalación de una cámara, de uso puntual y carácter confidencial y reservado, garantizando siempre la privacidad de los ciudadanos e indudablemente amparada por la legalidad». Según el alcalde, «la intromisión de miembros del colectivo Albaïna, supuso que este plan se viera suspendido ya que sin ninguna autoridad violentaron una propiedad pública y se apropiaron de su contenido». Dicho esto el alcalde comunicó «la puesta en marcha de una denuncia contra estas personas».
Se da la circunstancia que en el Pleno que se celebra hoy, la oposición tiene previsto pedir al alcalde una «explicación pública» sobre este tema. Ayer Simarro se adelantó convocando una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado pero se negó a responder a preguntas de los periodistas sobre los detalles de este «plan secreto». Así, no quiso aclarar si la cámara la colocó o no la Policía Local y tampoco quien era el responsable de visionar las imágenes aunque insistió en que éstas grabaciones «cumplían con todos los requisitos legales». Arremetió también contra la oposición al afirmar que «han antepuesto sus tácticas políticas a los intereses de la seguridad de nuestra ciudad».