El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha dictaminado este martes la suspensión cautelar y provisional de militancia del PP de los siete ediles 'populares' de Manacor, ha informado el partido en un comunicado.
Esta decisión del máximo órgano de Derechos y Garantías de la formación se produce después de que el pasado 27 de septiembre el Comité de Derechos y Garantías balear remitiese un informe al Comité Nacional, con un acuerdo adoptado por unanimidad consistente en la suspensión cautelar de todas las funciones como cargo público de los ediles.
De esta forma Catalina Riera, Francisca Rufiandis, Maria Bover, Sebastiana Sureda, María Magdalena Sureda, Roberto Arturo y Cristina Matamalas dejan de ser miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento, regidores del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Manacor y miembros de la Junta Local del municipio.
La Junta Gestora del PP de Manacor, remitió un escrito al Comité de Derechos y Garantías balear, en el que informaba de que el pasado 2 de julio se presentaron el pleno del Ayuntamiento varias mociones de urgencia en las que se reestructuraba el gobierno municipal, modificando las delegaciones, las tenencias de Alcaldía y los miembros de la Junta de Govern.
Además, se fijaron cargos con dedicación exclusiva y parcial, dejando sin efecto el acuerdo de pleno del 4 de julio de 2011 y se modificó el nombramiento de representantes municipales de los órganos colegiados. Estas propuestas fueron apoyadas por Antoni Pastor; los miembros del grupo Popular Catalina Riera, Francisca Rufiandis, Maria Bover, Sebastiana Sureda, María Magdalena Sureda, Roberto Arturo y Cristina Matamalas del Grupo Municipal del PP, además de Joan Gomila y Bernat Amer de A.I.P.C y los nuevos miembros del equipo de gobierno Francisco Mateu Capllonch y Joan Ginard del A.L.M.
Así, la Junta Gestora local solicitaba del Comité de Derechos su intervención «para evitar daños mayores al Partido Popular y a los intereses de los ciudadanos de Manacor».
El Comité balear entendió que se trataba de una serie de acuerdos que van en contra de los intereses de la Junta Gestora del PP de Manacor, y, por consiguiente, del PP balear, «siendo de reseñar que fueron decretados y/o propuestos por el alcalde, que en esa fecha se encontraba suspendido cautelarmente de militancia por tener abierto expediente disciplinario en su contra», ha destacado el PP.
El Comité balar adoptó este acuerdo por considerar estos hechos «muy graves», según el artículo 13.1 d) y e) de los Estatutos Nacionales del PP. Ahora, el Comité Nacional ha corroborado la suspensión cautelar de militancia «teniendo en cuenta la posible gravedad de la conducta de estos afiliados y concejales», en función del artículo 18.7 de los Estatutos Nacionales.
La resolución ha sido enviada a los propios interesados, al Comité regional de Derechos y Garantías, al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manacor, a la Junta Gestora Local de Manacor, al PP de Mallorca y al PP balear.