El Comité de Derechos y Garantías del PP acordó ayer, por unanimidad, la suspensión provisional de todas las funciones como cargos públicos en representación del PP de los siete ediles de Manacor fieles al alcalde Antoni Pastor. De esta manera se abre un nuevo proceso que probablemente acabará con la expulsión del partido, tal y como sucedió con Pastor.
El comité ha solicitado también al órgano nacional la suspensión cautelar de militancia y la abertura del expediente disciplinario de Catalina Riera, Francisca Rufiandis, Maria Bover, Sebastiana Sureda, Maria Magdalena Sureda, Roberto Flores y Cristina Matamalas.
La Junta Gestora del PP de Manacor pidió al Comité que actuara contra estos ediles «para evitar daños mayores al PP y a los intereses de los ciudadanos de Manacor», al considerar que habían sido «desleales» al partido. Así se hacia referencia a que todos ellos habían apoyado la reestructuración del gobierno municipal, la modificación de las tenencias de Alcaldía así como de las delegaciones.
El comité ha considerado estos hechos «muy graves». Justifica la suspensión en el sentido de que «se trata de acuerdos que van en contra de los intereses de la Junta Gestora del PP de Manacor además que fueron decretados por el alcalde y que en esta fecha se encontraba suspendido cautelarmente de militancia».
La decisión, aunque parece ser que estaba tomada, se ha precipitado por el hecho de que la semana pasada los tres ediles fieles al presidente José Ramón Bauzá, Antoni Sureda, Llorenç Bosch y Antoni Servera, fueran expulsados del grupo municipal del PP de Manacor.
La expulsión fue confirmada a este periódico por parte de la portavoz del grupo municipal, Catalina Riera, que comentó que «se ha decidido la expulsión porque después de haberles quitado las áreas no han asistido a las comisiones ni tampoco a las reuniones como representantes en algunos órganos colegiados. Además se han abstenido en todas las votaciones de los plenos».