Miembros del colectivo Albaïna han denunciado ante los Juzgados de Palma la presencia de una cámara oculta en el aparcamiento de una barriada del municipio mallorquín de Sóller, localidad en la que la semana pasada apareció incendiado el coche del alcalde, Carlos Simarro.
Según han advertido, el aparato no cumple las exigencias básicas que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) regula para la instalación de este tipo de dispositivos.
Tal y como ha señalado en declaraciones a Europa Press uno de los miembros de esta entidad, Marc Carriquí, se desconoce el propietario del aparato puesto que los propietarios del inmueble en el que se encuentra fijada la cámara aseguran que desconocen el origen y quién la ha podido colocar.
Según ha recordado, la Instrucción 1/2006 de la AEPD marca, como primera exigencia básica, la obligatoriedad de colocar en zonas videovigiladas el distintivo informativo, ubicado en un lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cercados, además de tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información sobre el fichero y su finalidad.
Sin embargo, tal y como ha denunciado Carriquí, esta mañana se ha comprobado que se trataba de una cámara de videovigilancia oculta que, además, se encontraba conectada a la red de alumbrado público y a lo que parecía un módem, que estaría retransmitiendo las imágenes a un monitor desconocido.
Es por ello que, ante la posibilidad de que haya cometido un delito de violación del derecho a la intimidad, los miembros de Albaïna han interpuesto una denuncia en los Juzgados de Palma para que investiguen el caso, dejando como prueba la cámara y el módem, que llevaba adjunto una tarjeta de memoria de 2G.
Es más, los miembros del colectivo han denunciado que, pasados pocos minutos de la retirada de la cámara, han llegado a la zona varios agentes de la Policía Local, junto al gerente de la empresa pública Sóller 2010, y han identificado a todos los presentes, instando a los miembros de Albaïna a que entregasen la cámara y el módem a los agentes policiales.
«Esta situación crea dentro de Sóller un clima de inseguridad, pudiéndose llegar a un 'statu quo' de hipervigilancia y control», ha aseverado Carriquí, quien ante la posible existencia de más cámaras ocultas en el municipio, como la que según se publicó en prensa se encontraba situada en la calle donde vive el alcalde, ha animado a los ciudadanos de Sóller que localicen más dispositivos a que se pongan en contacto con la organización para proceder a su denuncia.
Desde la entidad han manifestado que, además, están estudiando elevar esta cuestión al próximo pleno del Ayuntamiento.