La disolución de la Entidad Local Menor (ELM) de Palmanyola -una vez se apruebe el proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- amenaza con recrudecer la histórica rivalidad y profundo desafecto entre la mencionada localidad y el pueblo de Bunyola que, 27 años después, volverá a ejercer un control total sobre la urbanización.
Pese a reconocer que «a nadie le gusta perder autonomía», el alcalde de Bunyola, Jaume Isern (PP), es de los que piensa que la 'independencia' de Palmanyola frente a Bunyola nunca ha sido tal.
Competencias
Recuerda Isern que Palmanyola no tiene ingresos propios y que el dinero del que dispone la ELM (400.000 euros anuales) «viene del Ajuntament, así como el 90 por ciento de los servicios que se prestan en la urbanización», añade el edil. En este sentido, Jaume Isern quiere tranquilizar a los residentes de Palmanyola y dejar claro que la prestación de servicios como la recogida de basura, urbanísticos, sociales y sanitarios quedarán igual. «El ciudadano no percibirá el cambio», advierte el alcalde
Asimismo, la supresión de la ELM no supondrá tampoco pérdida de patrimonio alguno. «Los diferentes edificios de la ELM, que en su día el Ajuntament de Bunyola cedió a Palmanyola, permanecerán abiertos». Lo que sí será suprimida en buena parte es la Administración local, que, según Isern, ahora tenía competencias exclusivas en el mantenimiento de la vía pública, alumbrado, fiestas, cultura y deportes.
Degradación
Desde Palmanyola, el todavía presidente de la ELM, Ramón Oliver (PP), se muestra convencido que, para Bunyola, la 'ley Montoro' «será un chollo».
Oliver recuerda que Palmanyola empezó a contar con «servicios y patrimonio propio» a raíz de la fundación de la ELM en 1985.
En este sentido, se muestra convencido de que con la nueva ley «el servicio a los ciudadanos se irá degradando. En tres o cuatro años podremos comprobarlo», sostiene Ramón Oliver.
A su juicio, los contribuyentes de Palmanyola, unos 2.000, notarán un distanciamiento con una Administración que hasta ahora les ha sido muy accesible. «Bunyola no es nuestro Ajuntament», concluye Oliver.