La Audiencia Provincial ha confirmado la decisión de un juzgado de Instrucción de Manacor que se oponía a abrir una investigación sobre los republicanos fusilados que se encuentran enterrados en una fosa en el cementerio de Porreres. En la práctica, la resolución supone que el Tribunal rechaza la petición de la Asociación de la Memoria Histórica de Mallorca para exhumar los cadáveres bajo la tutela de un juez.
El auto notificado ayer por la Sección Primera se apoya casi por completo en la sentencia del Tribunal Supremo que absolvía al ex juez Baltasar Garzón por la causa de la Memoria Histórica. De hecho, de la treintena de páginas de la resolución judicial, todas menos tres reproducen los fundamentos jurídicos que dio el Supremo. En éstos se recuerda que la acción penal en España se dirige siempre contra un imputado o acusado y que en este caso no existe dado que los responsables han muerto o, en todo caso, quedan bajo el paraguas de la amnistía promulgada durante la Transición. Con esta doctrina el Supremo rechaza la posibilidad de poner en marcha 'juicios de la verdad' sobre la Guerra Civil y la posguerra. La Asociación de la Memoria Histórica, representada en el procedimiento por el letrado Bartomeu Oliver, solicitaba que se revocara el auto y que se ordenaran diligencias para exhumar las fosas comunes. Amparaba su petición en un auto del Supremo posterior a la sentencia de Garzón en el que interpretaban que sí había espacio para mantener unas diligencias. La Audiencia Provincial rechaza este argumento porque, según señala en su auto, el Supremo fijaba como límite que de la denuncia se tiene que derivar una responsabilidad penal que se pueda reclamar a día de hoy, es decir, que excluiría casos como el de Porreres.