Tras doce años de litigio la Audiencia Provincial de Palma confirmó el pasado 22 de abril que la finca de tres pisos que se comenzó a construir con licencia municipal de obra en el año 2000 no invade terrenos públicos. El Ajuntament tiene un plazo de veinte días para recurrir la sentencia si así lo considera oportuno.
Queda pendiente además un segundo juicio en el que los propietarios del solar demandan una indemnización de más de 800.000 euros al Ajuntament en concepto de daños y perjuicios.
El origen de la disputa se remonta al 9 de junio del 2000 cuando la comisión de gobierno del Ajuntament, con Antoni del Olmo (PP) como alcalde, concedió la licencia para construir los pisos. En enero de ese mismo año, el entonces concejal de UM, Joan Monjo, hoy teniente de alcalde por Convergència denunció que los pisos invadían la finca municipal sobre la que se edificó el cuartel.
Las obras están paradas desde 2001 aunque en abril de 2002 el Ajuntament autorizó el reinicio de las mismas.