El Ajuntament de Capdepera ya dispone de los mecanismos legales para poder cobrar al momento las sanciones impuestas a los extranjeros no residentes por consumo de alcohol en la vía pública. La nueva ‘Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana en l'Espai Públic', aprobada en el último pleno, recoge en las disposiciones adicionales, este procedimiento sancionador.
De esta manera se cubre un vacío legal existentes en la anterior normativa contra el botellón, aprobada en verano de 2008, y que dificultaba la aplicación a los turistas.
Sanción
En la nueva ordenanza se establece que «cuando se trata de infracciones leves cometidas por extranjeros no residentes que afectan a la convivencia ciudadana, la denuncia del agente implicará la puesta en marcha del procedimiento sancionador y será notificada en el acto. Se da un plazo de dos días para hacer alegaciones y luego se eleva al órgano competente para resolver en el máximo de un día».
El regidor de Hacienda, Sebastià Sureda, explicó, que «la nueva ordenanza recoge otras ordenanzas anteriores y se unifican los criterios sancionadores. En el caso de la normativa antibotellón era de difícil aplicación a los extranjeros».
Precisamente una de las quejas de la asociación hotelera de Cala Rajada, año tras año, es la falta de aplicación de esta normativa.