Los tres chalets de Ruberts tienen los días contados. Así lo recuerda un auto del juez que dictó sentencia de demolición de las tres edificaciones que calificó de ilegales en 2007. El magistrado ha dado de plazo hasta el 1 de enero del año 2013 al Ajuntament de Sencelles, municipio al que pertenece el pueblo de Ruberts, para demoler las casas.
Asimismo, el auto del juez da de plazo hasta el 1 de mayo de 2012 para que el Consistorio presente el proyecto de demolición que se debe iniciar antes del 1 de octubre. Aunque desde el Ajuntament, el alcalde Joan Carles Verd (CxI) aseguró ayer que «respeta la resolución judicial» y anunció que «ya se han iniciado los trámites para la redacción del proyecto de demolición de los chalets», dejó claro que no cesará en su empeño de «poder regularizar la situación».
Legalización
Verd indicó que el auto del juez, con fecha de 28 de febrero de 2012, «deja una puerta abierta a poder legalizar las casas» por lo que los servicios jurídicos municipales estudian las posibles medidas para evitar el derribo de los chalets». El alcalde recordó que «la ejecución del proyecto supondría un elevado coste para las arcas municipales por el derribo y las indemnizaciones, pero ante todo están las familias que habitan en las viviendas». Aún así, si en octubre no se ha encontrado una solución, el Ajuntamet iniciará el derribo. La polémica con los chalets de Ruberts surgió poco después que el Ajuntament, entonces gobernado por el PP, concediera una licencia de obra para construir los adosados.
Tanto la asociación de vecinos de Ruberts como el GOB se alzaron en contra del proyecto y consiguieron que el juez les diera la razón en la resolución del Tribunal Superior de Justicia en el año 2007.
Verd señaló que «el Ajuntament concedió la licencia amparándose en las normas subsidiarias vigentes que posteriormente fueron anuladas por el juez, aunque habían sido aprobadas por el Consell».
Después de la sentencia de 2007, el Consistorio y los vecinos empezaron a tramitar un convenio, que está pendiente de firmar, para evitar la demolición de las casas a cambio de renunciar a la ampliación de suelo urbano en Ruberts.