El Ajuntament de Artà ha solicitado al Govern balear que, a través de un decreto ley, apruebe la recalificación de los terrenos donde se ubica el polideportivo municipal Cap Ferrutx de la Colònia de Sant Pere, para que se revaloricen estos terrenos y obtener dinero para poder hacer frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que condena al Ajuntament de Artà a pagar unos dos millones de euros a la propiedad en concepto del valor de los terrenos cedidos al Ajuntament más los perjuicios. La propuesta fue aprobada en el pleno ordinario con los votos a favor del equipo de gobierno (Independents, CxI y Iniciativa-Verds) más el PP y con la abstención del PSOE.
El Ajuntament ha decidido optar por esta petición ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia firme en la que el Tribunal da la razón a los propietarios de los terrenos. La recalificación sólo afectaría a los solares donde está el polideportivo. Este tendría que derribarse pero a la vez el Ajuntament se compromete a habilitar nuevas zonas para uso deportivo en la zona costera.
Los hechos se remontan a 1995 cuando el Ajuntament y la propiedad firmaron un convenio a través del cual el Ajuntament recibía los solares para ubicar la infraestructura deportiva a cambio de recalificar unos terrenos adyacentes como suelo urbano. La normativa urbanística impidió que se llevara adelante esta recalificación. La aprobación del Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POT), el 22 de junio de 1995 impidió que estos terrenos se convirtieran en urbanos. Las normas subsidiarias de 1998 catalogaron los terrenos como urbanizables, calificación que mantuvo el Plan territorial de Mallorca.
La propiedad interpuso un contencioso. Una sentencia de octubre de 2011, obliga al Ajuntament a pagar 1.520.364 euros, más el 8% por los perjuicios ocasionados, los intereses y las costas judiciales.
El Ajuntament desde el primer momento mostró su disconformidad con el fallo y anunció que se harían todas las gestiones posibles para reducir el impacto de esta sentencia y «conseguir un acuerdo que se ajuste a la realidad económica».