La Dirección General de Transportes ha criticado la «deslealtad institucional» del Ministerio de Fomento, después de que el director general de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez, no convocara al Ejecutivo balear en la reunión que ha mantenido esta semana con algunos de los alcaldes de Llevant (Son Servera, Artà, Sant Llorenç y Capdepera) para abordar la paralización de las obras del tren Manacor-Artà.
En un comunicado, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio ha lamentado que el Ministerio de Fomento evitara reunirse con el Govern, a pesar de ser la «institución competente» para tratar el convenio ferroviario.
Por otro lado, ha insistido en que detrás de la decisión de paralizar las obras de la línea Manacor-Artà sólo hay un motivo «estrictamente económico», que, según ha explicado, «tiene que ver con una gestión responsable del dinero público, tal como señaló el conseller de Territorio, Biel Company, a los alcaldes de los municipios afectados en la reunión mantenida el pasado 19 de octubre».
«El Govern mantiene su apuesta por un transporte público y de calidad, pero siempre desde unos parámetros de optimización de los recursos públicos, de forma que cualquier actuación esté avalada por análisis realistas de necesidad y rentabilidad, además, desde luego, de disponer de la financiación necesaria por ejecutarlos», ha remarcado.
Por otro lado, la Conselleria ha recordado que se ha encontrado un convenio firmado en 2008 por el anterior presidente del Govern, Francesc Antich, y por el Ejecutivo central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, por un importe de 443 millones de euros, sujeto a cuatro anualidades pactadas y a la disponibilidad presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado.
Concretamente, ha detallado que las cuatro anualidades firmadas y percibidas son 3 millones en 2008; 25 millones en 2009, 15 millones en 2010 y 14,5 millones en 2011, lo que hace un total de 57,5 millones de euros.
Además, ha indicado que el nuevo equipo de Gobierno se ha encontrado con obra adjudicada por valor de 220 millones de euros, de los cuales 130 millones corresponden a obra ya ejecutada, con lo cual «la deuda a las empresas adjudicatarias de las obras se eleva a 72,5 millones de euros».
En este sentido, ha subrayado que la Conselleria solicitó por carta, el pasado 23 de septiembre, una reunión urgente de la Comisión Mixta por retomar la aplicación de este convenio «sin que hasta hoy se haya obtenido ninguna respuesta».
De este modo, la Conselleria ha señalado que «desconoce si esta reunión se convocará el día 23 de noviembre (tres días después de unas elecciones generales)».