El alcalde de Alaró, Joan Simonet (PP) y el ex alcalde Miquel Deyà (PSOE) han sido imputados por un presunto delito de prevaricación después de que un particular haya denunciado un presunto trato de favor hacia un constructor, que tras solicitar en 2001 una licencia de obras para demoler y erigir una edificación acabó invadiendo suelo público, según informa Europa Press.
El juez ha admitido a trámite la querella contra Simonet, Deyà, el aparejador municipal Joan Josep Torrens y el constructor Mateo Pizà que habría sido beneficiado de «un incumplimiento flagrante y persistente amparado por el comportamiento de los responsables y técnicos municipales», según el escrito al que ha accedido Europa Press.
Anticorrupción
Se da la circunstancia de que la Fiscalía ya investigó los hechos en 2006 a raíz de una denuncia particular que se acabó archivando la al no hallar indicios de delito penal.
Los hechos se remontan al año 2001 cuando siendo alcalde Josep Gomila (PSM) y Joan Simonet (PP) regidor de Urbanismo, el Ajuntament de Alaró concedió una licencia para demoler el antiguo cine y construir un bloque de viviendas en la esquina de la calle Pere Rosselló y Son Amengual. El Ajuntament paralizó la obra al percatarse de que invadía parte de los viales pero el 12 de julio de 2002 se levantó la suspensión de obra con un informe favorable del aparejador.
En 2005, siendo ya alcalde Miquel Deyà (PSOE) el Ajuntament aprobó en pleno la legalización de la obra e impuso una multa de 18.000 euros al propietario.
Hace ahora un año la Audiencia provincial dictaminó que el procedimiento seguido para la legalización no era el adecuado ya que el Ajuntament debería haber aprobado una modificación puntual de su normativa, cosa que se está tramitando actualmente, según informó ayer Joan Simonet.
Tanto el actual alcalde, Joan Simonet, como el ex alcalde Miquel Deyà, aseguraron ayer no tener constancia de la nueva querella y se mostraron tranquilos.
Simonet afirma que no firmó la licencia cuando esta se concedió en 2001 y Deyà recuerda que la legalización del 2005 se hizo con informes técnicos favorables.