Un vecino de Pollença, Lluis Carsi, ha denunciado en el juzgado de guardia de Inca que una comisión judicial ha precintado «por error» su finca, el número 120 del polígono 20 de Pollença, en lugar de precintar la 117 propiedad de la sociedad Atalaya, sobre la que pesa una orden de embargo por el impago de una hipoteca a una conocida entidad bancaria.
Los hechos se produjeron el pasado 13 de octubre cuando Carsi acudió a su parcela a recoger sus perros (dos adultos con chip y cartilla y un cachorro de 3 meses aún pendiente de la implantación del chip y de la vacunación). Su sorpresa fue encontrar un candado nuevo precintando la barrera de hierro de la entrada sobre la que «pegada con loctite» (así consta en la denuncia) había una nota de la entidad bancaria advirtiendo del precinto y en la que le invitaban a ponerse en contacto telefónico.
Inmobiliaria
El teléfono anotado en la barrera corresponde a la inmobiliaria de la entidad bancaria donde invitaron al afectado a hablar con la procuradora.
El afectado asegura que «la procuradora admitió el error, me entregó la llave y una autorización para recoger mis perros en Natura Parc». Carsi tuvo que pagar 45 euros para recuperar los animales y tiene al cachorro ingresado desde el lunes en una clínica veterinaria de Pollença porque asegura que «en Natura Parc a cogido el parvovirus». Carsi reclama que le paguen los gastos ocasionados (desplazamiento a Santa Eugenia, cuota de Natura Parc (implantaron el chip y pusieron una vacuna al cachorro) y los gastos de veterinario.
Denuncia además que su candado de seguridad cortado durante el precinto ha sido remplazado por uno de menor calidad y que la nota adherida con pegamento ha causado daños en la barrera.
La procuradora, que ayer aún no tenía constancia de la denuncia formulada el lunes ante el juzgado de guardia de Inca, explica que «estamos pendientes de constatar la tasación de la finca para confirmar si efectivamente se ha producido un error».
La procuradora explica que el precinto se había comunicado vía edicto, ante la imposibilidad de contactar con la entidad Atalaya que es la que hizo la hipoteca. «Todo esto es un despropósito y lo que quiero es que la justicia demuestre que todos somos iguales ante la ley», explica Carsi.