El juez del juzgado de primera instancia número 2 de Inca, Vicente Martínez, hizo pública ayer la sentencia por la que declara que todos los caminos que cruzan la finca de Ternelles son de titularidad privada, por lo que el Camí de Ternelles deberá ser excluido del catálogo municipal de caminos públicos de Pollença cuya aprobación en septiembre de 2008 es el origen del litigio.
El auto sólo estima parcialmente la demanda de la propiedad ya que ratifica la existencia de una servidumbre de paso a favor del Ajuntament, servidumbre que ya venía avalada por una sentencia anterior del Supremo que en 2001 reconoció el uso público de todos los caminos que conducen al mar incluidos en 1990 en el PGOU de Pollença. Es en virtud de dicha sentencia por lo que el Ajuntament autoriza ahora a través de Participación Ciudadana el paso a excursionistas limitado a 20 personas diarias por razones ambientales. El Ajuntament tiene ahora cinco días para decidir si apela el auto.
El administrador de la finca de Ternelles, Antoni Coll, mostró ayer su satisfacción. «Nos da la razón porque deja claro que no hay ningún camino público dentro de la finca que es lo que nosotros habíamos demandado», dijo.
El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre (PP), es partidario de dejar en manos del abogado del Ajuntament, Miquel Ripoll, la decisión de presentar o no recurso. Cifre reiteró ayer su disposición «a buscar acuerdos con los propietarios de fincas que permitan compaginar el uso público con el respeto a la propiedad privada, una cuestión que no solo se refiere al Camí de Ternelles sino a otros caminos como el de Síller o Boquer», dijo. Y es que según Cifre la sentencia «puede tener repercusiones sobre la inclusión de otras vías en el catálogo».
Su socia de gobierno, Malena Estrany (Lliga) considera «una lástima que el juez considere que el camino es privado». «Aunque es importante que la sentencia garantiza el uso público, que ya se había dictado antes», añadió. Para Estrany, «ahora es importante estudiar con el abogado las posibilidades de recurrir».
Eso es precisamente lo que exigirá la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts que ayer ya contactó con alguno de los regidores de la Lliga para instar al Consistorio a apelar. «No compartimos la sentencia y esperamos que el Ajuntament recurra. La otra sentencia (la que dictaminó el uso público de éste y otros caminos del municipio que conducen al mar) se perdió en primera y segunda instancia y después se ganó en el Supremo», recuerda el portavoz de Pro Camins, Joan Ramon Bosch.
También son partidarios de agotar la vía judicial los partidos de la oposición (Alternativa, PSOE, CIU, PSM y Esquerra), salvo UMP que evita pronuciarse.