El equipo de Gobierno de Sóller (PP) ha puesto en marcha esta semana el nuevo servicio de licencias de obra «exprés» a través de una ordenanza que tiene como objetivo agilizar los trámites para la obtención de estos permisos, unos trámites que se podrán realizar incluso por internet.
La patronal de la construcción de Sóller elogió en su momento esta iniciativa aunque exigió que se implementaran al mismo tiempo «mecanismos de control» para evitar «el intrusismo» y posibles obras ilegales amparadas en licencias para actuaciones menores.
Decisión
Ahora la sorpresa ha sido que el equipo dirigido por Carlos Simarro (PP) ha decidido la contratación directa de un arquitecto para la gestión, información y control de estas licencias de obra menor (el Ajuntament ya cuenta con dos arquitectos superiores), resultando que el profesional elegido para el cargo está imputado en el 'caso Andratx'. Se trata del arquitecto Joaquín Ozonas, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de un delito contra la ordenación del Territorio, además de falsedad.
Precisamente esta imputación se produjo por, supuestamente, hacer constar en un proyecto de obras datos y elementos inveraces simulando la preexistencia de una vivienda en una ANEI de Andratx, datos que posibilitaron después la obtención de una licencia de obras en este suelo inedificable en base a la que se construyó un chalet.
Se da la circunstancia que, según fuentes judiciales próximas al 'caso Andratx', el juicio correspondiente a esta pieza será visto en la Audiencia Provincial el día 18 de octubre. Se trata de la pieza número cuatro en la que también están imputados el exjefe de Urbanismo en el Ajuntament de Andratx y ex director general de Ordenació del Territori, Jaume Massot; el celador de este municipio, Jaime Gibert; el asesor jurídico del Ajuntament andritxol, Jacobo Rodríguez Miranda y el nuevo arquitecto municipal de Sóller. En el caso concreto de Ozonas el fiscal pide una pena de tres años y10 meses de prisión y la acusación particular, ejercida por el Ajuntament de Andratx, cuatro años.
La incorporación de Ozonas mediante un contrato de servicios prestados, precisamente para esta función, ha causado estupor en la oposición que, respetando su presunción de inocencia, piensa que, al menos se hubiera podido «esperar» una resolución judicial.
Alcalde
Por su parte, Carlos Simarros ha defendido la contratación de Ozonas, ante todo «por su presunción de inocencia» y recordó que el arquitecto «ya había trabajado en el Ajuntament cuando nosotros gobernábamos y sus servicios fueron impecables, además de ser un buen conocedor de la normativa urbanística de Sóller». El alcalde admite conocer la situación jurídica del profesional pero asegura «no haber hablado con él de este tema». También justificó la «necesidad» de disponer de otro técnico para poner en marcha con garantías el nuevo servicio ya que «los otros dos arquitectos están muy ocupados en otros temas».