El Ajuntament d'Alcúdia invirtió la legislatura pasada 1,5 millones de euros en realizar las canalizaciones precisas para reutilizar el agua depurada del municipio para el riego de las zonas verdes y para los baños de 15.000 plazas hoteleras.
El proyecto, pionero en la Isla, tenía un coste total de 4,5 millones de euros de los que la primera fase (1,5 millones) estaba financiada con fondos del Plan E. La primera fase, que llevaría el agua depurada a los hoteles situados entre la Avinguda Tucàn, la carretera de Artà y Pere Mas i Reus, terminó de ejecutarse hace ahora un año y debía comenzar a funcionar en junio, fecha en la que el Consistorio calculaba que podría empezar a vender el líquido a un precio muy competitivo (0,42 euros) con el que preveía reducir el consumo de agua potable en el municipio entre un 30 y 50 por ciento. Pese a las previsiones el agua depurada nunca se ha llegado a comercializar.
Informes
El nuevo regidor de Servicios de Alcúdia, Juan Luis González (PP) informó durante el último pleno de que el Ajuntament no puede vender el agua porque esta tiene un nivel de sal superior al 3 por ciento que es el máximo que permite la ley. Achacan el alto nivel de sal a las posibles filtraciones de agua salada a través de la deteriorada red de tuberías fecales del municipio por lo que intensificarán las reparaciones en la red con el objetivo de conseguir, de aquí a un año, reducir los niveles de sal, algo que González considera como mínimo «complicado». «La calidad de las tuberías es un desastre, hay fugas y la entrada de agua salada implica que haya un nivel del 6% en el agua depurada», dice el regidor.
Si la reparación de fugas no funciona la alternativa pasaría según González por construir una planta desalinizadora o de osmosis y repercutir después su coste sobre las tarifas del agua depurada pero eso supondría prácticamente equiparar el coste del agua depurada con el del agua potable por lo que el Ajuntament estudia diferentes alternativas mientras deja «en un impás», dijo González, la conexión de nuevas tuberías.
Beatriz Oneto (CxI), en la oposición, sugirió al equipo de gobierno que realice una campaña educativa entre la población para intentar reducir los vertidos que eleven el nivel de sal. La normativa prohibe conectar los descalcificadores a la red de agua potable, cosa que se incumple con frecuencia.