Tras dos años de negociaciones y 14 borradores de convenio -algunos de ellos elaborados por la Conselleria de Medi Ambient, otros por el Ministerio de Defensa y otros por el Ajuntament d'Alcúdia- las tres instituciones han cerrado un acuerdo que permitirá por primera vez desde el inicio de la democracia el acceso diario de hasta 50 civiles a la zona militar del Cap de Pinar de Alcúdia, restringido exclusivamente durante años a miembros del Ejército.
Así se lo ha hecho saber el conseller de Agricultura, Medi Ambient y Territori, Gabriel Company, al diputado del PSM, Antoni Alorda, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por este último.
«Este proceso tan largo y laborioso para permitir una cosa relativamente sencilla como el acceso regulado a un espacio, está a punto de concluir, ya que la Conselleria, el Ajuntament d'Alcúdia y el Ministerio de Defensa, han alcanzado un acuerdo y una vez tengamos el informe favorable de la dirección general de Pressuposts del Govern de les Illes Balears, procederemos a concretar una fecha para la firma del convenio».
La alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrassa (PP), confirmó ayer los detalles de un convenio que permitirá el acceso de hasta 50 civiles diarios (la cifra se puede ampliar a 65 en el caso de grupos escolares) al faro, la playa de la cala central y el mirador desde las 9 hasta las 21 horas entre junio y septiembre y de 9 a 17 horas el resto del año. Se habilitará una pequeña área de aparcamiento y aseos en la playa.
Terrassa mostró ayer su satisfacción por el principio de acuerdo que permitirá el uso civil del Cap de Pinar para visitas y para el desarrollo de tareas de prevención y extinción de incendios, para la limpieza y mantenimiento de las playas y la recogida de residuos de la zona pero también para desarrollar programas de educación medioambiental, «una reivindicación histórica del PP de Alcúdia, que demandaba desde hace años la creación de un centro de interpretación medioambiental», dijo Terrassa.
Los gastos de mantenimiento, conservación forestal y los derivados de programas de conservación de especies y de educación ambiental correrán a cargo del Govern que deberá señalizar la zona e instalar y mantener los baños públicos.