La Agència de Disciplina Urbanística, encargada de velar por la legalidad en el urbanismo de la Isla, ha ordenado 50 demoliciones desde su creación en 2009. El organismo cumplió en abril dos años de existencia y en ese tiempo ha abierto 707 expedientes de infracción urbanística y ha levantado 916 actas de inspección.
De las 50 órdenes de derribo, se han ejecutado 11 bien por iniciativa de los propietarios o bien del Consell de forma subsidiaria. Las demoliciones se han llevado a cabo en municipios como Maria, Alaró, Campanet, Andratx o Santa Margalida.
Vicens Sureda, director gerente de la Agència de Disciplina Urbanística, explica que la sanción más frecuente es la realización de obras de edificaciones sin la preceptiva licencia en suelo rústico, así como la ejecución de obras -reformas o ampliaciones- que no se ajustan a lo estipulado en la licencia. En menor medida también se detectan obras por licencias mal dadas por los ayuntamientos, que no se ajustan a la legalidad urbanística.
Inspección
«Un cambio importante en estos dos años», indica Sureda, «es que actualmente es mayor el número de expedientes que se abren de oficio y que no responden a denuncias, que es lo que pasaba antes. La agencia tiene un plan de inspección de forma que el peso relativo de las denuncias ya es menor que las actuaciones que se realizan por iniciativa propia».
En este sentido, el organismo prioriza las actuaciones en función de la gravedad de la infracción. Así tiene en cuenta el tipo de suelo, el impacto paisajístico y también el grado de ejecución. «Damos prioridad a las obras que están en ejecución porque es más fácil corregir la situación y es menos traumático».
En estos dos años de existencia, la agencia ha impuesto 95 sanciones por un importe de 3,5 millones de euros.