Dos de los cuatro chalets ilegales de Llucalcari ya están demolidos. Las polémicas viviendas que durante años fueron objeto de un contencioso en los tribunales ya son historia según puede observarse en los terrenos de Llucalcari.
Ahora, los trabajos se centran en la retirada de los escombros y en la consolidación de los taludes. «Las viviendas estaban construidas en los bancales; al derribar las casas, los taludes se quedaban en el aire y había el riesgo de venirse abajo con las lluvias». Por eso se lleva a cabo la consolidación de un talud para evitar perjuicios y dejarlo preparado para la restauración de esta zona», explica Maties Morey, director en funciones de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell.
Otro convenio
El derribo de los otros dos chalets está pendiente de la elaboración de un nuevo convenio entre las tres administraciones implicadas: Govern, Consell y Ajuntament. «Para el derribo es necesario la participación económica de las tres partes. La Agencia tiene una aportación, pero falta cuantificar las otras dos», indica Morey.
Al respecto, el alcalde de Deià, Jaume Crespí, asegura que «el convenio ya esta enviado por parte del Ajuntament. Se decidió hacerlo en dos partes para que fuera más llevadero para las instituciones».
La demolición de los dos chalets, que se inicio el pasado mes de febrero, ha costado 436.000 euros. La parte del Ajuntament es de 145.000 euros y aún tendrá que poner otros 170.000 euros más para las otras demoliciones.
La restitución de los terrenos a su estado original es una cuestión aparte y también será necesaria la firma de un convenio en esta ocasión con la Conselleria de Medi Ambient.