El Juzgado de Instrucción número 5 de Palma ha admitido a trámite una denuncia presentada por un ex funcionario del departamento de Urbanismo del Ajuntament d'Andratx, en la que se acusa de prevaricación urbanística al actual equipo de gobierno, integrado por UM (ahora CxI), PSOE y PSM.
Según avanzada ayer en primicia IB3 Radio , la denuncia admitida a trámite por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, la jueza Ana San José, va dirigida directamente, como máxima autoridad municipal, contra Isabel Alemany, alcaldesa del municipio, vice presidenta del Parlament y previsible candidata de Convergència per les Illes a la Alcaldía andritxola . En el escrito presentado ante el juzgado se denuncian hasta 20 casos de licencias urbanísticas en suelo rústico que se podrían haberse concedido de manera irregular durante la presente legislatura.
Las mismas fuentes señalan que la denuncia apunta principalmente a licencias urbanísticas otorgadas en suelo rústico a partir de certificaciones supuestamente falsas, sobre edificaciones presuntamente existentes, para poder construir viviendas ilegales de nueva planta y para ampliar edificaciones en zonas protegidas.
Reacciones
En cuanto a las reacciones políticas suscitadas entre los socios de CxI en el Ajuntament d'Andratx ante la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de aceptar a trámite la denuncia contra Isabel Alemany y la posible apertura de diligencias que puedan derivar en imputaciones, Francesc Femenias (PSOE) y Gabriel Puigserver (PSM) defendieron la gestión del gobierno municipal que integran.
Pese a que reconoció desconocer «totalmente» el alcance de la denuncia, Femenias manifestó que «en ningún caso se han dado licencias de forma incorrecta y menos a sabiendas». También reafirmó su voluntad de mostrar una «colaboración total con la justicia», aunque quiso dejar patente que, al ser el denunciante un imputado en el 'caso Voramar', todo indica que se trata de una «denuncia falsa», enmarcada en una «estrategia de defensa», que responde únicamente a un afán de «venganza».
Por su parte, Puigserver se mostró muy «extrañado» por el contenido de la denuncia, ya que el gobierno que representa ha sido el que más expedientes urbanísticos -susceptibles de albergar dudas- ha dejado «sobre la mesa».