La propiedad de la finca de es Canons en el municipio de Artà, Cala Veya SL, pedirá hoy al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de octubre de 2010 que condena al Govern a indemnizar a la entidad con 3.867.288 euros más los intereses legales de demora (979.377 euros), por la desclasificación de suelo urbanizable y la reconversión en área protegida (ANEI) en el 2000. La cantidad a pagar ascendería aproximadamente a 4,8 millones de euros.
Además pedirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo que imponga multas coercitivas al conseller de Medi Ambient actual, Gabriel Vicens, tal y como lo ha hecho con el alcalde de Mancar por el tema del puente del Riuet de Porto Cristo.
Así lo explicó el abogado de la entidad Cala Veya S.L, Miquel Ripoll, que añadió que «también pediremos al Tribunal que, si lo estima oportuno, analice si se pueden derivar responsabilidades penales por el hecho que la pasividad del conseller de Medi Ambient pudiera ser constitutiva de un delito de desobediencia a la autoridad».
El pasado día 10 de diciembre la Secretaria General Técnica de la Conselleria de Medi Ambient comunicaba al TSJB que el encargado de cumplir la sentencia era el conseller de Medi Ambient i Mobilitat y que desde entonces tenía un plazo legal de tres meses. El 10 de marzo expiró el plazo. La titularidad de es Canons ha mostrado su indignación ante «la pasividad» de la Conselleria de Medi Ambient.
Así ha pedido al Govern con fecha de 14 enero y 4 de marzo el cumplimiento de la sentencia, sin resultados. Ripoll recuerda que están amparados por la ley. «El artículo 106 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa marca que en estos casos si es necesario hacer una modificación presupuestaria, la Administración la debe hacer dentro de los tres meses siguientes a la notificación oficial de la sentencia condenatoria».
Según la propiedad de la finca, «los perjuicios que provoca la falta de pago de la indemnización, son muy importantes puesto que coloca a la entidad a las puertas de un concurso de acreedores con los efectos negativos que supone no sólo para Cala Veya sino para las empresas, profesionales y proveedores suyos. No se pueden pedir más sacrificios de los que ya hemos hecho».