La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de mil euros para el ex alcalde de Muro Jaume Perelló (UM), quien se sentará a partir de este lunes y durante toda la semana en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto electoral por haber engrosado el censo electoral del municipio entre febrero y mayo de 1999 con el objetivo de captar votos en las elecciones que tuvieron lugar en junio de ese año.
De este modo, el acusado deberá comparecer ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial en el marco de este juicio, en el que serán interrogados además un total de 28 testigos propuestos por la acusación pública. Por su parte, la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Muro, reclama tres años de cárcel para el ex primer edil 'uemita'.
Tal y como postula el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, Perelló, ayudado por el funcionario del Consistorio encargado de la estadística, Antonio Català -quien falleció en 2005- llevó a cabo diversas actuaciones a través de las cuales consiguió que quedaran empadronadas o reclamasen su inclusión en el censo electoral numerosas personas no vecinas de Muro y sin ninguna relación con este municipio.
Para ello, en unos casos fueron empadronadas en un mismo domicilio varias personas sin vínculo alguno entre sí mientras que en otros aparecieron inscritas otras en lugares o domicilios inexistentes, como una cochera o una finca rústica, según la Fiscalía. Asimismo, aparecieron varias personas empadronadas, también sin relación entre ellas, en viviendas pertenecientes a personas allegadas al acusado.
Se da la circunstancia de que, tal y como señala el escrito de acusación, muchos de estos empadronados se dieron de baja durante el mes de julio, una vez celebrados los comicios el 13 de junio de 1999.
Cabe señalar que entre los testigos que declararán durante el juicio se encuentra el también ex alcalde, en su caso por Convergencia Democrática Murera (CDM), Miquel Ramis -actual propietario de Grupotel e imputado en el caso Palma Arena-, a quien precisamente Perelló había demandado años antes por un delito de prevaricación.