Este sábado no se iniciarán las obras de demolición del puente del Riuet de Porto Cristo, tal y como ha ordenado el juez del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) en su sentencia.
El secretario del Ajuntament de Manacor ha enviado al juez una notificación en la que explica la imposibilidad de cumplir los plazos expuestos dada la complejidad administrativa. De hecho, las obras todavía no se han podido adjudicar y se está a la espera de las autorizaciones del Consell de Mallorca o de la Autoridad Portuaria, así como de resolver la sustitución de los servicios de alcantarillado y electricidad que pasa por el interior del puente.
Trámites
Así, también se han entregado todos los trámites administrativos realizados por el Ajuntament para demostrar que «hemos hecho los pasos que tocaban y si hay una demora no es de ninguna forma intencionada por nuestra parte», afirmó el alcalde Antoni Pastor.
Las previsiones del Ajuntament es poder adjudicar las obras día 29 de enero en caso de que no haya ninguna deficiencia técnica, un hecho que podría retrasar algo más el inicio de la demolición.
El juez, sin embargo, todavía no ha resuelto el incidente presentado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Manacor que apela a la legalidad del puente una vez que ha sido incluido como infraestructura dentro la Ley de Carreteras.
Legalización
En caso de que el juez acepte esta legalización, se podría evitar la demolición del puente que costará casi 1 millón de euros y que se tendrá que ejecutar en dos fases: una primera para desviar los servicios básicos y después el derribo de toda la infraestructura viaria.
En teoría si no se inician las obras el día 15 de enero, el alcalde deberá pagar 1.500 euros por cada quince días de demora. Un dinero que se ha de sumar a los 4.000 euros que ya lleva acumulados por retrasos anteriores. Además, se abrirán diligencia penales contra Pastor.