El concejal de Urbanismo de Inca, Bartomeu Seguí (PP) se quedará con parte del dinero que el Ajuntament debe pagar al constructor Joan Ferrà por la expropiación de la parcela donde se construye el nuevo patio del colegio público Ponent. Seguí, Ferrà y el Ajuntament d'Inca han protagonizado durante los tres últimos años un polémico litigio por este asunto.
La ejecutoria dictada el pasado 15 de diciembre por el juzgado número 7 de Palma recuerda que Joan Ferrà solo ha abonado 1.200 de los 23.452 euros que se le reclaman por el proceso criminal que le enfrentó a Bartomeu Seguí y ahora ordena embargar «parte del crédito que pueda corresponderle -a Ferrà- por justiprecio derivado de la expropiación de un solar destinado a la ampliación del colegio Ponent frente al Ajuntament d'Inca».
Dicho de un modo más simple: el juez manda al Consistorio que no pague a Ferrà lo que aun le adeuda por el patio de Ponent para que Seguí cobre la indemnización que le corresponde (7.000 euros) por las calumnias que el mismo Ferrà lanzó contra Seguí.
Antecedentes
El litigio se inició cuando Ferrà (miembro fundador y militante histórico del Partido Popular en Inca) imputó a Seguí ( actual teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y antigua mano derecha de Pere Rotger) un falso delito de prevaricación y soborno por la permuta de un solar municipal en So na Monda. Seguí presentó una querella contra Ferrà por calumnias, ganó y el constructor fue condenado. Concretamente, la sentencia de la Audiencia Provincial ordenaba a Ferrà que pagara 7.000 euros a Seguí en concepto de responsabilidad civil y le imponía una multa de otros 12.000. También le obligaba a pagar los costes del proceso judicial que, junto a los intereses, ascienden 4.450 euros. En total, pues, la querella habrá costado a Ferrà 23.450 euros.
Por otra parte, hay que recordar que las obras de construcción del nuevo patio del CEIP Ponent, en este polémico solar, están paradas desde hace medio año debido a la quiebra de la adjudicataria.