Al Govern balear y al Consell de Mallorca, ambos comandados por el PSIB-PSOE, su decisión de «hacer cumplir la legalidad urbanística» en Deià, y concretamente en los cuatro edificios ilegales según sentencia judicial de Llucalcari, les cuesta 145.699,96 euros de sus presupuestos públicos por cada chalet derribado. Al Ajuntament, acusado hace 24 años de permitir las construcciones donde no tocaba, y gobernado hace años por el PP, le sale a la mitad de ese precio.
Se pone punto final a un asunto de ilegalidad urbanística al que los principales contribuyentes califican a día de hoy como «ejemplar» en el contexto la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial de la UNESCO en su versión de paisaje protegido.
Tarea especializada
Dos de los cuatro chalets, considerados ilegales tras denuncia de parte por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en 1992, y por el Tribunal Supremo en 1999, serán demolidos a partir de diciembre con presupuesto unitario para la obra de más de 200.000 euros por unidad, visado por la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca y explicado ayer en conferencia de prensa por la consellera insular Maria Lluïsa Dubon como «una tarea especializada dados los materiales con los que fueron construidos y el terreno donde se asientan».
Las otras dos casas, «y con la experiencia de acuerdo administrativo y monetario que nos proporciona el presente convenio» -según señaló la presidenta del Consell de mallorca, Francina Armengol-, serán demolidas en 2011.
En la escenificación a tres bandas del acuerdo firmado ayer ante los medios de comunicación, el alcalde de Deià, Jaume Crespí, agradeció a los representantes de las dos administraciones supramunicipales su disposición a contribuir con dos tercios del presupuesto a la demolición de las casas, y matizó que «no son momentos de alegría para los vecinos del pueblo, que difícilmente entienden esta solución drástica al cabo de los años, pero que muestran su disposición al cumplimiento de una sentencia de los tribunales».
Crespí, que hubo de pagar de su propio pecunio una multa semanal impuesta por los jueces por la dilación del derribo de las casas ilegales de Llucalcari, «nunca hubo intención de obstruir las decisiones de los jueces ni dejadez en las funciones municipales, sino simplemente la adaptación a los trámites administrativos a los que venimos obligados».
Por su parte el conseller balear de Habitatge, Jaume Carbonero, señaló en el acto de ayer que «el carácter ejemplar de este acuerdo entre varias administraciones con respecto a las casas de Llucalcari va a resultar especialmente simbólico en la práctica si tenemos en cuenta que la Ley del Suelo de Balears fue en su día la norma más progresista del Estado en la materia, pero en la práctica ha resultado ser la más incumplida sobre todo en el territorio de Mallorca como demuestran los casos de las últimas décadas».