El Partido Popular (PP) de Inca se opone a derogar el llamado 'decreto de mínimos', el que establece que en la escuela al menos el 50 por ciento de las asignaturas deben impartirse en lengua catalana. Así se evidenció en el pleno celebrado ayer en Inca, donde se aprobó una moción del PSM en defensa de la lengua propia. Hace apenas tres semanas, y tras una polémica rectificación, José Ramón Bauzá aseguró que en caso de llegar al Consolat de Mar derogaría el decreto de mínimos.
Literalmente, la moción dice que el Ajuntament d'Inca «considera necesaria la vigencia del Decreto 92/1997». También constata «la función de la Ley de Normalización Lingüística» e insta a las demás instituciones «a seguir avanzando en las medidas que garanticen que la lengua catalana continúe siendo signo de identificación y cohesión social de nuestro país».
La moción se aprobó sin apenas debate previo y por asentimiento de todos los grupos (PP, PSOE, PSM e Independents). El alcalde -que también ocupa los cargos de presidente del PP de Inca y vicepresidente del PP de Balears-, Rafel Torres, se limitó a recordar que «en el PP de Inca siempre hemos aplicado el seny y el sentido común».
Regionalismo
Históricamente, el Partido Popular de Inca se había distinguido por su proximidad a las tesis de cariz regionalista. Es la junta a la que pertenecen afiliados como el ex president Cristòfol Soler (defenestrado tras promover la normalización del catalán) o Pere Rotger (que entre otras medidas permitió que la página oficial del Ajuntament tuviera el .cat ).
Sin embargo, Rafel Torres siempre se había mostrado, hasta la fecha, poco discrepante y especialmente acorde con la línea ideológica impuesta por el actual presidente, José Ramón Bauzá. En declaraciones anteriores a la prensa, Torres defendió la promoción de las llamadas modalidades lingüísticas.
En el pleno de ayer también se ratificó oficialmente una rebaja del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), más conocido como 'la contribución urbana', de manera que se situará en el 0,57 por ciento. No obstante, y debido al incremento del valor del catastro, los ciudadanos deberán pagar por este concepto una cantidad muy similar a la abonada en el ejercicio anterior. El edil de Hacienda, Lluís Ferrari, explicó que ello supondrá «600 mil euros menos de ingresos para las arcas municipales y un ahorro de 90 euros de media por familia».
En el transcurso del debate, el PSOE propuso que el tipo impositivo de IBI se rebajara hasta el 0,555 por ciento argumentando que así se conseguiría «una congelación efectiva» del impuesto, pero los 'populares' rechazaron la enmienda.