El alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), atribuyó ayer a cuestiones técnicas, de tramitación burocrática, el retraso en la ejecución de la sentencia judicial que le obliga a demoler los cuatro chalets ilegales de Llucalcari y que ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) le haya vuelto a imponer una multa de 600 euros mensuales, al tiempo que ha activado un proceso penal contra su persona tras constatar que se ha incumplido la fecha límite del 1 de octubre para iniciar las obras de demolición.
Asimismo, Crespí anunció que el próximo día 9 de noviembre el Ajuntament de Deià firmará un convenio con el Consell y el Govern para ejecutar la demolición de las construcciones ilegales. En este sentido, cabe reseñar que el alcalde se ha comprometido a iniciar las obras, como muy tarde, el 1 de diciembre.
Informes
«Si las obras de demolición se han demorado unos días no ha sido por culpa del alcalde sino porque son necesarios todos los informes. No nos reímos de la Justicia, ni mucho menos», apuntó Jaume Crespí, quien también añadió que tiene los informes de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, de Patrimoni del Consell de Mallorca y que sólo le falta recibir el informe de Costas. Crespí se mostró muy tranquilo ante las posibles responsabilidades penales que le puedan tocar asumir.