El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha dictado una sentencia en la que obliga al Ajuntament de Pollença a permitir la ocupación de una vivienda construida en Formentor en 1999, a pesar de no haberse completado la dotación de los servicios básicos de la emblemática urbanización (accesos, aceras, luz, agua y alcantarillado, entre otros). El propietario se había comprometido por escrito a no ocupar la casa hasta que estuviera completa la dotación de servicios de la urbanización, pero el juez entiende ahora que la dotación de servicios en cuestión era responsabilidad del Ajuntament y no del propietario y que el propietario adquirió el compromiso únicamente bajo presión de no obtener la licencia de obra, por lo que invalida dicho acuerdo.
Los vecinos de la urbanización Formentor, en la que no se conceden nuevas licencias de obra y de ocupación desde 2007, celebran la sentencia contra la que no cabe recurso ordinario. La sentencia confirma no solo que la urbanización Formentor es suelo urbano consolidado sino que en el caso que se analiza, entiende que la parcela en cuestión tiene la condición de solar a pesar de no haberse completado la red general de alcantarillado.
Responsabilidad
El juez reprende al Ajuntament por no haber completado la dotación de servicios entre 1994 y 2008, cuando la urbanización debía desarrollarse por el sistema de Cooperación, en el que por definición corresponde la ejecución de las obras a la Administración y no a los particulares que aportan la cesión de suelo. Juan Nadal, portavoz de los vecinos de Formentor, celebró ayer el auto a la vez que advirtió que éste «desmonta toda la estrategia mantenida hasta ahora por el Ajuntament, que no puede seguir retrasando la concesión de licencias de obra y de ocupación». Asegura que en un plazo máximo de dos semanas los vecinos de Formentor constituirán la junta de compensación y presentarán el proyecto de dotación de servicios que prevé la actual normativa pero avanzan que «no podrán seguir presionándonos».
El alcalde, Joan Cerdà, negó ayer presiones del Ajuntament y dijo que las decisiones municipales estaban avaladas por informes jurídicos.