El juez del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha dicho «basta» al «incumplimiento disimulado» por parte del Ajuntament de Manacor de la sentencia firme del mes de marzo pasado que obliga a la demolición del puente del Riuet de Porto Cristo. Y lo hace imponiendo una multa al alcalde Antoni Pastor de 1.000 euros quincenales de su patrimonio personal, si antes del 15 de octubre no ha entregado a la Sala del TSJIB el proyecto de demolición del puente que se ha de hacer efectivo a finales de este año.
El último escrito presentado por el Ajuntament el 30 de junio ha sido desestimado y el juez acusa directamente al Consistorio manacorí de llevar a cabo un «incumplimiento disimulado» de la sentencia judicial, «promoviendo incidentes sin sentido» -en referencia a solicitudes presentadas con una demora intencionada como por ejemplo la retirada del cableado por parte de Endesa-, viendo el juez un «fraude procesal».
Desde el TSJIB se advierte al Ajuntament de Manacor que «no toleraremos incumplimientos disimulados que ya no tienen remedio», una causa que supone la fijación de nuevos plazos que en caso de incumplirse repercutirán sobre el patrimonio personal del alcalde Antoni Pastor.
Plazos
Debido al retraso «intencionado» del Consistorio, el juez ha marcado para día 15 de octubre la entrega del proyecto de demolición y día 15 de enero de 2011 la ejecución de la demolición. Este nuevo auto emitido por el juez se redactó ocho días antes de que el Parlament aprobara la enmienda a la ley de carreteras que puede 'salvar' la infraestructura, puesto que ahora ya figura en el plan director de carreteras y puntal básico en el que se sustenta la sentencia de demolición. Ahora, una vez publicada la nueva ley, el Ajuntament emitirá un nuevo escrito al juez en el que pondrá de relieve la nueva situación 'legal' del puente del Riuet, argumento que también Pastor empleará para evitar la amenaza de pagar de su bolsillo la demora de la presentación del proyecto de demolición día 15 de octubre.
Con todo, el alcalde Antoni Pastor se mostró esperanzado con el hecho de que el juez reconsidere su postura gracias a la modificación de parte del articulado de la ley de carreteras que da ahora cobertura al puente y a otras infraestructuras parecidas. De lo contrario, «acataremos la sentencia y daremos cumplimiento a lo que diga el juez pese a no compartir su decisión y a la vez buscar una solución a los problemas de cableado que pasan por el puente». Pastor recordó que «paralelamente estamos trabajando para recurrir al Tribunal Constitucional como segunda vía alternativa a la política».
Por otra parte, Jaume Vives, portavoz de los vecinos afectados por el puente, anunció que «no pararemos hasta que se reconozcan nuestros derechos y si tenemos que llegar al Constitucional lo haremos». Un posicionamiento que comparten los diecisiete vecinos que en su momento presentaron una denuncia contra el Ajuntament de Manacor por las obras del puente que consideran 'ilegal'.