Los propietarios de las naves del polígono de Son Llaüt, en Santa Maria, tendrán que pagar alrededor de un millón de euros para terminar las obras que permitirán recepcionar definitivamente la urbanización. Ésta es, según parece, la única solución que podrá resolver su situación pseudolegal y poner fin a los problemas de suministro eléctrico y de otros servicios que sufren las empresas allí instaladas.
Unos quince años después de que se iniciara su urbanización, el Ajuntament de Santa Maria todavía no ha recepcionado el polígono. Parte del retraso debe atribuirse al hecho de que la empresa Polígon de Santa Maria, propiedad de Vicenç Grande y promotora de la instalación, se encuentre en fase de concurso de acreedores. Dicha empresa debe unos 500.000 euros a Gesa y tendría que hacer obras por valor de medio millón más en el polígono para que el Consistorio pueda proceder a recepcionarlo.
De 6.000 a 60.000 euros
El Ajuntament de Santa Maria, la Conselleria de Comerç i Indústria y los empresarios, que también están interesados a resolver la situación pseudolegal de la urbanización, intentan ahora hallar una solución definitiva. Según las partes, todo indica que la única posible pasa para que el Consistorio imponga contribuciones especiales a los propietarios de las naves. Con el dinero recaudado se podría liquidar la deuda que Vicenç Grande contrajo en su día con Gesa y se podrían terminar las obras pendientes. Según los cálculos que se manejan, cada propietario debería abonar entre 6.000 y 60.000 euros, la proporción que le corresponda según los metros cuadrados que ocupa su parcela.
La alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich, manifiesta al respeto que «la administración pública no puede invertir dinero público en propiedades privadas». Por su parte, el presidente de la asociación de empresarios del polígono de Son Llaüt, Benjamín Bonet, afirma que «no es justo», pero reconoce que «si Grande no tiene dinero nos tocará pagar a nosotros». Vich anuncia que «pronto» se convocará una nueva reunión entre instituciones y propietarios, en la cual se deberá tomar una decisión definitiva.
El principal obstáculo para poder recepcionar la urbanización estriba en la deuda de Grande con Gesa. Inicialmente, el suministro eléctrico tenía que importarse de una subestación ubicada en el Pont d'Inca, pero el Ajuntament de Marratxí no autorizó la construcción de la línea eléctrica necesaria. El litigio terminó en el juzgado y los tribunales dieron la razón al Consistorio marratxiner.
Entonces Grande llegó a un nuevo acuerdo con Gesa por el cual la empresa Polígono de Santa Maria abonaría dos millones de euros para la construcción de una nueva subestación eléctrica en Santa Maria desde la que se suministraría la potencia eléctrica necesaria al polígono. Grande consiguió pagar un millón y medio de euros, pero el medio restante aun no se ha pagado. Es por dicho motivo que la instalación industrial no cuenta con la potencia eléctrica necesaria.