El ex alcalde, imputado por prevaricación en el caso del derrumbe del hotel Son Moll

La juez del Juzgado número 2 de Manacor ha citado a declarar al ex alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina (PSOE), como imputado, por presunta prevaricación administrativa en el caso del derrumbe del hotel Son Moll en el que perdieron la vida cuatro trabajadores.
El ex alcalde, también responsable del área de Urbanismo, deberá declarar en los juzgados de Manacor el próximo día 28 de mayo.
Cuando pasaron los hechos, el hotel se estaba reformando para aumentar la categoría (pasar de tres a cuatro estrellas), pero las obras que se llevaban a cabo no tenían licencia. La finalidad de esta imputación, según ha podido saber este periódico, es averiguar el motivo de porqué no se paralizaron las obras puesto que no tenían permiso y si tras esta decisión podía haber algún interés lucrativo, extremo que desmintió Alzina.
Consultado por este periódico, el ex alcalde manifestó que la citación le ha cogido «por sorpresa» y que «no es nada agradable». «No entiendo muy bien el por qué de la citación ahora, pero iré a declarar y explicaré mi versión. Está claro que no hay ningún interés personal en no paralizar las obras», añadió. «Es una decisión de la juez y que respeto, pero yo declararé lo que ya defendí en su momento y es que había tres boletines de denuncia y, por lo tanto, el promotor era consciente de que no podían hacer obras sin tener la pertinente licencia».
Los trágicos hechos pasaron el 16 de diciembre de 2008. Fue el juzgado número 2 el que inició las investigaciones, ha llevado a cabo las pertinentes diligencias y ha instruido el caso.
Fueron imputados los propietarios del establecimiento turístico, el arquitecto, el aparejador y el jefe de obra. Todos ellos prestaron declaración. También se pidieron distintos peritajes para conocer cuáles fueron las causas que provocaron el derrumbe.
La juez dio por acabada la fase de instrucción y dio traslado del expediente al fiscal para que se pronunciara.
Hay que recordar que hace poco más de un mes se acordó el sobreseimiento provisional del procedimiento penal contra los promotores, sin perjuicio de la responsabilidad civil.