La crisis económica pone en apuros a los concesionarios de las piscinas municipales

El concesionario de la piscina cubierta de Alcúdia ha registrado un escrito en el Ajuntament advirtiendo de que arrastra pérdidas millonarias, más de 80.000 euros en el último año y más de 130.000 euros desde que abrió en el año 2004. Denuncia además los defectos de construcción que tienen las instalaciones y que vienen denunciando periódicamente desde su inauguración sin que hasta ahora se hayan solucionado las goteras y filtraciones.
El concesionario difícilmente podrá seguir ofreciendo el servicio en estas condiciones por lo que solicita el restablecimiento del equilibrio económico que pasaría por una rebaja sustancial del canon anual que abona al Ajuntament a cambio de explotar el servicio y que actualmente está estipulado en 21.000 euros. Así se lo notificó el concesionario al Ajuntament en julio de 2009 pero el canon aún no ha sido revisado.
No es un caso aislado. En Santa Margalida, hace más de dos años que la piscina cubierta funciona exclusivamente durante los meses de verano. El concesionario (el mismo que explota la piscina de Alcúdia) se vio obligado a renunciar a la explotación porque las pérdidas de agua y las deficiencias del sistema eléctrico utilizado para calentarla imposibilitaban rentabilizar el gasto energético.
En Inca, la piscina cubierta presenta también importantes deficiencias desde su inauguración y el concesionario (que atravesó serios problemas internos hace un año) ha tenido que recurrir en varias ocasiones a líneas de ayudas específicas del Ajuntament para seguir operando.
La renuncia de los concesionarios deja en una situación delicada a los ayuntamientos que deben garantizar la continuidad de un servicio considerado público, puesto que las infraestructuras fueron sufragadas con fondos municipales en un momento de bonanza económica en el que quien más quien menos, proyectaba sus propias instalaciones cubiertas.
Alcúdia fue el primer municipio de la comarca de Inca en estrenar piscina municipal cubierta y en poco tiempo le siguieron Inca, Muro, Sa Pobla, Santa Margalida y más recientemente Lloseta y Pollença.
Lo que entonces parecía un negocio seguro (todos los municipios recurrieron a concesionarios para gestionar las instalaciones) se ha tornado en un negocio poco rentable. El incremento de la competencia unido al descenso de la demanda especialmente con motivo de la crisis a partir de 2007 ha agudizado la situación que deja en difícil situación a los municipios comprometidos a seguir prestando el servicio y que pueden dejar de ingresar canons millonarios.
En el caso concreto de Alcúdia el alcalde, Miquel Llompart, informó recientemente de la situación al pleno y garantizó que no se dejará de prestar el servicio. Cuando se convocó el concurso para adjudicar la explotación de las instalaciones en el año 2004 se presentaron cuatro empresas por lo que si alguna de ellas continua interesada podría adjudicarle el servicio en caso de renuncia del actual concesionario.