El equipo de gobierno del Ajuntament de Llucmajor, a través de la concejala de Hacienda, Margalida Roig, mostró ayer su «sorpresa» por el envío de documentos de recaudación en vía ejecutiva, a través de la Agencia Tributaria balear, a vecinos de s'Estanyol que habían recurrido las contribuciones especiales para la red de saneamiento de la urbanización, previo depósito de una «fianza suficiente» para garantizar el principal y los intereses de la deuda.
La concejala Roig manifestó a Ultima Hora que «en primer término debo lamentar que el abogado que en sus páginas dice representar a buena parte o la mayoría de las personas afectadas no se haya puesto en contacto con el departamento municipal que informa esta cuestión, puesto que habríamos intentado aclarar los hechos con la mejor disposición», y matizó que el Ajuntament «intenta informarse a la mayor brevedad sobre si hay un conflicto entre los decretos de Alcaldía emitidos en noviembre pasado con las farantías presentadas por algunos vecinos y los referidos documentos de cobro».
Margalida Roig señaló también que los recursos presentados por propietarios de parcelas de la urbanización de S'Estanyol contra el giro de cantidades de contribución especial para cubrir el 90 por ciento del coste de la obra de saneamiento en la urbanización «tienen carácter individual, por lo que convendrá confrontar las resoluciones municipales que eximían de pago a quienes presentaron aval de garantía adecuada y aquellos que no lo hicieron a la hora de requerir a la Agencia Tributaria por si hubiera algún fallo de comunicación».
Según Roig, las resoluciones de Alcaldía sobre los vecinos con avales suficientes fueron comunicados al mismo tiempo a los interesados y a la Agencia Tributaria de Balears.
Lo más visto
Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios pasarán de ejecutarse en años a semanas
La nueva (y molesta) moda que se extiende por Mallorca
El profesor condenado por acoso se reincorpora y los padres de los alumnos estallan: «Pone en riesgo a nuestros hijos»
Prohens recupera una ley de Cañellas para que las obras ilegales en rústico vuelvan a prescribir