La Conselleria d'Afers Socials del Govern balear ha impuesto una sanción económica de casi medio millón de euros a la empresa ASER, adjudicataria de la construcción y gestión de la residencia de la tercera edad de Santanyí, por el retraso en la ejecución de las obras y en la apertura del centro. Esta demora ha supuesto un grave perjuicio a la localidad puesto que hay un número importante de futuros usuarios que están pendientes de la entrada en funcionamiento de esta residencia que hace más de dos años que está acabada.
Ayer, la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, junto con el alcalde, Miquel Vidal, presentaron esta sanción ejemplar. El Govern y el Ajuntament de Santanyí han sumado esfuerzos para que, a la mayor brevedad posible, el municipio pueda disfrutar de esta nueva infraestructura social.
Santiago explicó que «por una parte se ha impuesto 417.000 euros por incumplimiento de las obras en los plazos acordados en el contrato, y otros 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios porque los servicios que se habían acordado no están en funcionamiento».
Por su parte, el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal, mostró su preocupación ante el hecho que «el centro hace más de dos años que está acabado y el deseo del pueblo es que se abra en el menor plazo de tiempo posible».
Antecedentes
La residencia tenía que estar acabada a principios de 2007, y en funcionamiento en el mes de agosto. Según explicó la consellera Santiago, desde el Govern se ha hecho un seguimiento exhaustivo de los incumplimientos de la empresa. «El Govern y el Ajuntament llegamos a una serie de acuerdos que ASER incumplía reiteradamente, hasta el punto de que el 26 de marzo de 2009 se abrió un procedimiento de sanción administrativa por incumplimiento de contrato. El 20 de abril se nombró un instructor para comprobar si había habido incumplimiento, y en diciembre de 2009 se dictó la resolución firme en la que se imponía la multa».
La residencia tiene capacidad para un total de 120 plazas. De estas, 72 son concertadas en función del acuerdo al que se llegó en la pasada legislatura. También el edificio acoge el centro de día con un total de 30 plazas.
Santiago manifestó ayer que «el deseo de todos es que se pueda solucionar esta problemática», y que «la residencia entre en funcionamiento, ya que la situación crea un perjuicio al pueblo que, de forma muy generosa, cedió los terrenos para construir el centro».
La consellera añadió que «faltan plazas residenciales y estas 74 concertadas irían muy bien».