El Partido Popular de Son Servera ha puesto toda la documentación referente al nuevo carril bici que une el pueblo con Cala Millor en manos de la asesoría jurídica del partido. Y es que según, Damià Ripoll, portavoz de la formación en el Consistorio serverí, «gran parte del carril está construido sobre terrenos privados y sólo se han pagado unos 400.000 euros, de los 1.700.000 que ha costado».
Desde el Partido Popular sospechan además que «gran parte de los cuatro millones de euros que se debían destinar a las obras de la primera fase del carril bici, se han utilizado para pagar gastos corrientes», según explicó el regidor Jaume Servera.
Cabe recordar que en el mes de abril del año 2007, cuando todavía gobernaba el PP, y con Damià Ripoll de alcalde, el Ajuntament de Son Servera pidió un crédito de 4.200.000 euros para poder ejecutar el carril bici. Pero no fue hasta después de las pasadas elecciones que el proyecto, que debía costar 850.000 euros, se adjudicó y empezaron las obras.
Sobre coste
Según denuncian los 'populares' de Son Servera, «el carril ha costado más del doble de lo que estaba previsto cuando la ley establece que el coste definitivo de una obra no puede superar en más de un veinte por ciento el presupuesto inicial». Por eso, el partido no duda que «este es un caso muy parecido al del 'Palma Arena' porque, además de haber costado el doble de lo previsto inicialmente, todavía no se ha pagado al constructor ni una cuarta parte de lo que ha costado el carril y ya no hay dinero en el Ajuntament». Los 'populares' serverins esperan desde el pasado mes de noviembre que el equipo de gobierno les facilite «las facturas de la primera fase del carril bici» y, por esto, sospechan que «el crédito destinado a la construcción de la nueva infraestructura se ha utilizado para pagar gasto corriente», una operación «ilegal» porque «los créditos sólo se conceden si se destinan a algún tipo de inversión pública pero no para tapar agujeros del Ajuntament», explicó Damià Ripoll.
Propiedad privada
Además del sobrecoste «ilegal» de las obras, los servicios jurídicos del Partido Popular también piensan poner en conocimiento de la fiscalía la titularidad de los terrenos por los que discurre el carril bici. Según Damià Ripoll «sólo existe un acuerdo con los propietarios que permitía la ocupación de parte de sus tierras mientras se llevaban a cabo las obras». De confirmarse esta situación, se podría contemplar otra ilegalidad en las obras del carril bici, porque «todos los informes técnicos señalan que las obras públicas sólo pueden realizarse en terrenos públicos».
En ese sentido, en el Partido Popular de Son Servera reconocen que «aunque en algunos casos la situación se ha regularizado, muchos propietarios han reclamado al Ajuntament la propiedad de los terrenos sobre los que discurre el carril». Por todo esto, los servicios jurídicos del Partido Popular llevarán la obra ante la Fiscalía con el objetivo «de aclarar las responsabilidades».