Esta vez, según los vecinos de Bunyola y del resto de sus núcleos de vecindad, su muy veterana reclamación sobre la falta de compromiso mediombiental del Consell y del Govern para la actividad de la térmica de Son Reus será cursada ante los tribunales. «Un murete de tierra de cuarenta centímetros de altura y cuatro pinos como toda muralla verde ante las chimeneas y los ruidos de la central son un simple cachondeo y hasta aquí hemos llegado», señala a este periódico un residente en la zona.
En esencia, los vecinos de Bunyola -y algunos de Palma concernidos por el mismo problema que piensan sumarse a la reclamación judicial- quieren denunciar judicialmente la falta de medidas correctoras para el impacto sonoro, visual y de humos «que era obvio desde su proyecto», de la central térmica y la incineradora de basuras que funcionan desde hace años en la frontera entre la capital mallorquina y su pueblo.
Las molestias ocasionadas por la central han sido motivo de quejas continuadas desde hace varios años por parte de los residentes en Palmanyola y otros núcleos urbanos cercanos a la central térmica de ciclo combinado. Las asociaciones de vecinos de Palmanyola, sa Font Seca, sa Coma, es Pla de sa Coma y Son Amar, presentaron en su día una denuncia administrativa contra el Govern, el Consell, el Ajuntament de Palma y GESA-Endesa por las molestias y ruidos provocados por la central después de «haberlos padecido durante más de tres años y sin que ni las autoridades ni la empresa hicieran caso a nuestras constantes quejas».
Sin embargo, ahora la intención de quienes se sienten perjudicados por la falta de paliativos medioambientales para el desenvolvimiento diario de la central de Son Reus es, conforme al consejo de los abogados convocados al respecto, instar a los tribunales bien por la vía penal o por la del contencioso-administrativo para que se cumpla con la legalidad vigente y se hagan realidad las «pantallas verdes».
Durante el mes que ahora comienza, las asociaciones vecinales tienen previsto definir los concretos términos en los que se basará su reclamación judicial contra «las administraciones responsables de permitir una actividad industrial agresiva con el medio ambiente y los habitantes del entorno», señalaron ayer a Ultima Hora fuentes de los promotores de la iniciativa.
Cabe recordar que el Ajuntament de Bunyola aprobó en enero de 2008 una moción del equipo de gobierno (PP-AVI) instando a las administraciones insular y regional» para que se protejan los alrededores del complejo de Son Reus y que se hagan cumplir todas las medidas correctoras normativamente en vigor para reducir el daño que causan las industrias contaminantes».