Una comisión integrada por miembros de los grupos políticos con representación municipal (UM-UNPI/PP/PSOE/PSM) vigilará con una periodicidad mínima de dos meses para que se cumpla estrictamente la ley en todas las contrataciones y pagos que realiza el Ajuntament de Pollença, garantizando así los principios de publicidad y de libre concurrencia.
El pleno del Ajuntament aprobó ayer por unanimidad la citada medida después de detectar, tras una denuncia de Alternativa Esquerra Unida Els Verds, que el segundo teniente de alcalde y regidor de Servicios, Martí Ochogavía (UM-UNPI), ha votado a favor de pagos a empresas que realizan servicios de electricidad y jardinería para el Ajuntament, y que están vinculadas a algunos de sus familiares directos. La mayoría municipal (UM-UNPI/PSOE) rechazó reprobar al citado regidor tal y como proponía la oposición (PP/PSM/Alternativa).
El voto de Ochogavía no era necesario para formalizar los pagos, que fueron aprobados por junta de gobierno por un total de 6 votos, pero la ley de contrataciones obliga a abstenerse en las votaciones a cualquier regidor que mantenga vínculos familiares o profesionales con las empresas contratadas, cuestión que el afectado aseguró desconocer.
El hecho de que su voto no fuera imprescindible fue determinante ayer a la hora de rechazar la apertura de un expediente de anulación de las citadas contrataciones, punto que también fue rechazado por UM-UNPI y PSOE.
Martí Ochogavía aseguró que no se abstuvo al votar las contrataciones porque desconocía que legalmente debía hacerlo, y pidió disculpas públicamente a todos sus familiares que han podido sentirse perjudicados por su actuación, que achacó «al mero desconocimiento».
Dijo también Ochogavía sentirse víctima de una «persecución personal» por parte de Pepe García, y aclaró que la empresa de electricidad mantenía un contrato con el Ajuntament desde 1992, mucho antes de que él fuera miembro de la Corporación. De su lado García dijo no tener nada personal contra el regidor salvo «su responsabilidad como «oposición».
«Mis áreas de gestión agrupan a unas cien personas y nunca le he dicho a ningún encargado o trabajador dónde tiene que ir a comprar, aunque sí les he dicho siempre que compren en el municipio», añadió.