El pleno de sa Pobla aprobó ayer tras un tenso debate crear una nueva partida presupuestaria donde el Ajuntament ingresará el equivalente «al diez por ciento del aprovechamiento atípico de suelo rústico» que comportó la declaración del interés general de las naves -que permitió su legalización- de dos cooperativas agrícolas (Esplet e Illa Camp). El Ajuntament determinará ahora cuánto dinero debe cobrar.
El 13 de julio pasado, el ex portavoz del PSM de sa Pobla, Joan Fiol, presentó una alegación a los presupuestos en la que reclamaba la contabilización de los ingresos derivados de dichas declaraciones de interés general.
En el pleno, el Partido Popular, en la oposición, atacó duramente al equipo de gobierno y le acusó de «ir en contra de los intereses de la economía municipal». Su portavoz, Gabriel Serra recalcó que la alegación la había presentado un miembro del PSM. Por su parte, el equipo de gobierno aseguró que la alegación se había presentado «a título personal» y que un informe jurídico advertía que de no aprobarse, ya que «podría incurrirse en delito». El cruce de acusaciones fue muy tenso. Los 'populares' incluso abandonaron sus sillas. Finalmente, el PP se abstuvo y el equipo de gobierno votó a favor de la enmienda.